Logra PGR 543 condenas contra miembros de grupos criminales

México, diciembre 01, 2008.- El ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere a la PGR como representante social de la Federación se expresa en la defensa de la constitucionalidad y en la investigación jurídica y el ejercicio penal del ámbito federal. En las acciones y controversias constitucionales reguladas por los Artículos 103 y 105 de la Carta Magna, las opiniones técnico-jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 1 de diciembre de 2006 tienen el mejor nivel de coincidencia de los últimos diez años respecto a las resoluciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello se debe a las tareas permanentes de seguimiento de las normas emitidas por diversas autoridades estatales y municipales, así como a la calidad jurídica de los análisis constitucionales. Durante esta administración el procurador ha iniciado 218acciones de inconstitucionalidad y las resoluciones de la SCJN han resultado favorables en 98.8 por ciento de los casos. Esto contrasta con las 69 acciones emprendidas durante toda la administración anterior, que tuvieron un resultado favorable en 87 por ciento de los casos. En lo que se refiere al ejercicio de la acción penal en delitos federales, en una acción jurídica del Estado que complementa el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país, los resultados se dividen en dos apartados. Por una parte, los actos ilícitos que no son propios de la delincuencia organizada, como delitos ambientales, contra la administración de justicia, de servidores públicos, contra la propiedad industrial y derechos de autor, el contrabando y los de tipo fiscal, entre otros. Al respecto, en dos años de gobierno las áreas centrales y las Delegaciones estatales de la PGR han iniciado 50 mil 822 procesos penales y el trabajo jurídico del Fiscal de la Federación ha conseguido 36 mil 524 sentencias condenatorias. Por otra parte están los delitos de la delincuencia organizada, como los actos ilícitos contra la salud, secuestros, tráfico de armas y "lavado" de dinero. Con la ley en la mano y sin dar espacio a componenda o acuerdo alguno con grupos criminales, estamos poniendo en la cárcel a quienes traicionan a los mexicanos, sean delincuentes o funcionarios. El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha consignado 620 averiguaciones previas. Asimismo se ha dictado auto de formal prisión a dos mil 191 personas, y en 23 meses la PGR ha obtenido 217 sentencias condenatorias contra 543 miembros de todos los grupos criminales. En promedio, las sanciones superan 40 años de prisión y acumuladas suman más de dos mil años de cárcel. Las detenciones de grandes capos no han sido obra de la casualidad, ni hechos aislados o fortuitos, sino a un trabajo de inteligencia, de análisis de la información y a un sistema de cooperación internacional que está dando buenos resultados. El esfuerzo punitivo quedaría trunco si, además de encarcelar a los delincuentes e imponerles muchos años de prisión, no avanzamos en desarticular sus redes y capacidades de operación y de violencia dentro y fuera del país. Por ello la disminución de sus redes y capacidades logísticas y de violencia, con la captura y encarcelamiento de sus principales líderes, sicarios y operadores, deben de ser consideradas desde una perspectiva integral. Los números sin precedente alguno en aseguramiento de armas, municiones y vehículos, drogas y detenidos, sin duda van minando sus capacidades. A la fecha, las dependencia federales del gabinete de seguridad han asegurado y puesto a disposición del fiscal federal 69.6 toneladas de cocaína, tres mil 719.6 toneladas de marihuana y 42.3 toneladas de precursores para producir metanfetaminas. También 12 mil 687 vehículos terrestres y 322 naves aéreas, 14 mil 955 armas largas, tres millones 286 cartuchos, mil 974 granadas, 311 millones de dólares en efectivo y 117 millones de pesos. La cooperación internacional tanto con Estados Unidos como con América Latina es fundamental, sobre todo en estos tiempos en que la delincuencia organizada transnacional amenaza la seguridad regional y continental. Con Estados Unidos la colaboración legal es la mejor de todos los tiempos, lo que se expresa en las 157 extradiciones otorgadas al país vecino y en el intercambio de información sensible de inteligencia. Esa situación ayuda a fortalecer la investigación policial y la cooperación jurídica binacional para entablar juicios penales, en cada país, contra poderosas organizaciones criminales. En años recientes lo hicimos en California, contra el grupo de los Arellano Félix, y hace tres meses el gobierno estadunidense comenzó un juicio penal contra la organización delictiva del Golfo. Lo relevante es que estos juicios tienen como base e intercambio de información y pruebas aportadas por la relación bilateral. Con total respeto a las leyes de cada país, hoy tenemos cargos criminales y órdenes de aprehensión en cada lado de la frontera contra los principales líderes del cártel del Golfo. Hacia el sur, con los fiscales de Colombia y de Centroamérica tenemos reuniones de trabajo constantes, y apenas la semana pasado Perú también solicitó ser parte de este esfuerzo regional, que tiene en México a un aliado confiable e interlocutor en el trabajo de todos con Estados Unidos, Europa y organismos internacionales. En la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, México cumple un rol de primer orden en la colaboración hemisférica contra el crimen organizado. El trabajo táctico-operativo, la acción jurídica del Estado y la colaboración nacional e internacional dan un carácter integral a la estrategia contra el crimen organizado, punto de partida para las acciones estratégicas de la PGR en el futuro. Venimos trabajando para cerrarle los espacios a la improvisación y a la falta de procedimientos. La corrupción es un cáncer institucional de muchos años, que se favorece con los márgenes de acción del servidor público para actuar o no en alguna dirección, guardar o no información, incorporarla o no en alguna averiguación previa o proceso penal bajo su cargo. La profesionalización del servidor y del servicio público en la procuración de justicia federal es una tarea aún inacabada, que hemos emprendido y seguiremos impulsando. El capital humano de la PGR es enorme, y podemos, debemos y vamos a impulsar su aprovechamiento integral, ya que es en beneficio de todos. El marco jurídico de la propia institución, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento -hoy a consideración del Congreso- recogerán estos imperativos y contendrán elementos necesarios para regular y promover el mejor aprovechamiento del despliegue territorial de la PGR dentro y fuera del país. Eso también se facilitará con las alianzas y los acuerdos institucionales que tenemos con las demás dependencias federales, el Poder Judicial Federal, las procuradurías y los Tribunales Superiores de Justicia de los estados. Lo mismo ocurre con los organismos internacionales y las agencias de seguridad y justicia de los países con los cuales trabajamos cotidianamente para ensanchar los cauces de la cooperación y colaboración mutua. Con información de Notimex