Parlamento argentino convierte en ley eliminación de fondos de pensión

Buenos Aires, noviembre 20, 2008.- El Senado le dio luz verde el jueves al gobierno de Cristina Fernández para proceder a la estatización del sistema privado de pensiones, que implicará el traspaso a las arcas públicas de fondos por 23.000 millones de dólares. Con 46 votos a favor y 18 en contra, los senadores convirtieron en ley el proyecto oficial que elimina al actual régimen mixto de pensiones y establece un único sistema previsional público, denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con mayoría de legisladores en el Senado, sumado el apoyo de otras fuerzas críticas al sistema privado creado en 1994, el oficialismo avanzó sin resistencia en la aprobación del polémico proyecto, que hace dos semanas fue aprobado en la Cámara de Diputados. "Hoy es un día histórico, de reparación de los trabajadores y jubilados de este país. Significa un cambio cultural. Es una norma que vuelve a colocar al Estado como garante de la seguridad social", declaró el ministro de Trabajo Carlos Tomada, que estuvo presente en el recinto durante las casi 12 horas que duró el debate en la cámara alta. La estatización implica el traspaso al Estado de los fondos por 23.000 millones de dólares que controlan las aseguradoras, además de unos 4.500 millones de dólares que aportan cada año los afiliados a ese sistema previsional. En octubre, la presidenta Fernández solicitó al Congreso la estatización del régimen privado en manos de diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), las cuales poseen 9,5 millones de afiliados, bajo el argumento de preservar a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad de los fondos privados en los últimos años, la cual ha sido agravada por la actual crisis global. Las AFJP perdieron 17,5% de su capital entre octubre del 2007 y el mismo mes del 2008, según informó el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Amado Boudou, durante una presentación reciente en el Congreso. "El sistema privado nunca funcionó", manifestó el senador oficialista Fabián Ríos. "Nadie se atrevió a decir 'yo voy a ser representante de las AFJP para defender un sistema que funcionó'. Nadie pudo usar estas palabras para oponerse a este proyecto". Pero analistas privados sostienen que el gobierno en realidad busca asegurarse el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares. La ley sancionada el jueves le garantiza a los afiliados y beneficiarios del sistema privado "la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan". Establece además que "la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del SIPA". La letra del proyecto no convenció a los opositores, que lo calificaron de "confiscatorio" y manifestaron sus dudas sobre el uso que el Ejecutivo podría hacer de esos fondos. "No tenemos duda de que se está violando el derecho a la propiedad privada. No sólo para nosotros, sino también para la sociedad y el mundo aquí hay una clara confiscación", expresó el senador Ernesto Sanz, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). "La falta de control va a ser temeraria", denunció la senadora María Eugenia Stenssoro, de la Coalición Cívica. Antes de su tratamiento en la cámara baja, el proyecto original del Ejecutivo sufrió algunas modificaciones, en particular referidas a la prohibición de invertir los fondos previsionales en el exterior y a la creación de un órgano descentralizado que controlará cómo se administran esos recursos. El mismo estará integrado por representantes del gobierno, de jubilados, de sindicatos, de organizaciones empresariales y entidades bancarias y del Parlamento, pero su designación debe ser previamente aprobada por el Ejecutivo. Los analistas estiman que la estatización mejoraría la posición financiera de Argentina al alejar el persistente temor de los inversores sobre un posible cese de pagos de la deuda, pero también desalentará las inversiones en el país al provocar una sensación de inseguridad jurídica.