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Recibe Corte Interamericana denuncias sobre México

El caso contra el gobierno mexicano se basa en "la denegación de justicia en relación con la desaparición y homicidio" en el 2001 de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (dos de ellas menores de edad), en Ciudad Juárez

Washington, EU, diciembre 10, 2007.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y sobre la destitución de una jueza en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este lunes que elevó los casos en noviembre ante la Corte, cuya sede está en San José de Costa Rica.

El caso contra el gobierno del presidente Hugo Chávez se refiere al de María Cristina Reverón Trujillo, quien alega destitución arbitraria de su cargo de jueza provisoria en lo penal de Caracas, en febrero del 2002, por la llamada Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La denuncia alega que en esa destitución no hubo "un recurso judicial efectivo para proveer una reparación".

El caso contra el gobierno del presidente Felipe Calderón se basa en "la denegación de justicia en relación con la desaparición y homicidio" en el 2001 de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (dos de ellas menores de edad), en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La CIDH considera que en esos casos hubo una "falta de políticas de prevención" frente a un patrón de violencia contra mujeres y niñas; una falta de respuesta de las autoridades frente a estas desapariciones; y la falta de debida diligencia en la investigación de los homicidios y de una reparación adecuada en favor de sus familiares.

El gobierno mexicano ha admitido que en Ciudad Juárez se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres desde 1993 y que los casos estaban bajo investigación con ayuda internacional.

La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, lleva los casos ante la Corte en San José cuando los gobiernos no acatan sus recomendaciones que, en principio, no son de cumplimiento obligatorio como lo serán cuando la corte resuelva sobre ellos.

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