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  • 26 ABR 2024, Actualizado 06:03

CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR

CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR. El feminicidio de Pilar Argüello, una década de impunidad

Persiste la impunidad, denunció Araceli González, abogada acompañante de la familia Argüello e integrante de Equifonía, A.C., en Así el Weso

A una década del feminicidio de Pilar Argüello, su familia sigue esperando verdad y justicia.

A una década del feminicidio de Pilar Argüello, su familia sigue esperando verdad y justicia.

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Veracruz, México

No hay ninguna diferencia entre el feminicidio de Pilar Argüello, perpetrado hace una década, y los casos recientes, donde persiste la impunidad y la sospecha de actos de corrupción, omisión y errores por parte de los impartidores de justicia, afirmó Araceli González, abogada acompañante de la familia Argüello e integrante de Equifonía, A.C., en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que, pese a que llevaron el caso de Pilar a instancias internacionales, sigue sin garantizarse la verdad y la justicia, ni la reparación del daño por el feminicidio de Pilar, aunque la recomendación del Comité Cedaw permitió que la Fiscalía de Veracruz reabriera el caso.

Pese a confesar el feminicidio, quien era pareja sentimental de Pilar fue absuelto por una jueza, pese a que había elementos suficientes para juzgarlo por el crimen. Esta jueza no solo no ha sido investigada o sancionada por el Poder Judicial, sino que sigue en funciones llevando casos similares.

Y no solo no hay resultados, sino que la Magistrada Presidenta revictimizó a los padres de Pilar y también cometió violencia institucional en su contra (...) la magistrada le dijo a la familia que no les iba a garantizar justicia terrenal pero que estaba la justicia divina, entre otras cosas que agraviaron a la familia.

Ante el hecho de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, la familia de Pilar Argüello busca la verdad y saber si hubo cómplices de este delito y si los hubo que se sustente con pruebas.

La familia quiere también que las instituciones asuman la responsabilidad en las omisiones, los errores y los probables actos de corrupción cometidos y que haya hasta disculpa pública.

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