Declarar bienes no es un favor: Expresidenta del SNA pide investigar patrimonio de Octavio Romero Oropeza
Vania Pérez Morales señaló inconsistencias en el patrimonio de funcionario declarado por Octavio Romero Oropeza y pidió una evolución patrimonial exhaustiva.
La controversia en torno al patrimonio de Octavio Romero Oropeza generó cuestionamientos sobre la rendición de cuentas de los servidores públicos en México. Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizó que los señalamientos sobre presuntos complots no justifican la falta de claridad en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
¿Qué cuestionamientos existen sobre la declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza?
En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Pérez Morales sostuvo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica de manera estricta a los tres órdenes de gobierno, sin excepción para quienes laboran en organismos autónomos o empresas del Estado.
Indicó que la obligación de transparentar bienes no representa un favor hacia la ciudadanía, sino una responsabilidad básica frente a la sociedad que financia los sueldos del sector público.
Pérez Morales calificó de inconsistente el contenido de la declaración de Octavio Romero Oropeza en relación con los ingresos acumulados a lo largo de su trayectoria profesional.
¿Por qué se cuestiona el monto declarado?
Acumular una suma cercana a los 47 millones de pesos requeriría haber destinado el sueldo íntegro durante cuatro décadas, destacó, lo cual resulta difícil de sostener bajo un análisis financiero convencional, mientras que las menciones hechas en la declaración pública sobre adquisiciones en viejos pesos y la omisión de vehículos registrados distorsionan el sentido de la transparencia.
¿Qué revisión podría realizarse sobre el patrimonio?
La especialista recordó el paso de Romero Oropeza por la dirección de Petróleos Mexicanos, institución que enfrentó un endeudamiento histórico y diversos señalamientos por esquemas de irregularidades operativas, y que durante dicho periodo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizó auditorías profundas a la gestión de la empresa estatal, a pesar de los casos de huachicol fiscal que salieron a la luz.
Pérez Morales expresó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno debería realizar una evolución patrimonial exhaustiva sobre el caso, y agregó que, de detectarse irregularidades, el asunto tendría que remitirse ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para deslindar responsabilidades conforme a la ley.