Ley Malena avanza en México, pero María Elena Ríos denuncia 7 años de impunidad
María Elena Ríos cumple siete años del ataque con ácido mientras la Ley Malena llega a 23 estados. Su caso penal permanece en pausa y exige justicia
A 7 años del ataque contra María Elena Ríos, la Ley Malena llega a 23 estados. IG
A siete años del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz, la lucha de la saxofonista y defensora de derechos humanos llega a un nuevo punto: Chihuahua se convirtió en la entidad número 23 en aprobar la llamada Ley Malena, mientras el proceso penal por la agresión permanece detenido y uno de los principales señalados continúa prófugo.
Este 9 de septiembre de 2026, Ríos denunció que han pasado siete años desde el atentado que cambió su vida y recordó que ha tenido que someterse a 10 cirugías reconstructivas, además de tratamientos médicos continuos.
La aprobación de la Ley Malena en Chihuahua representa, de acuerdo con el posicionamiento de la activista, un avance del 72% en la cobertura nacional de este tipo de legislación. La reforma modifica el Código Penal y la legislación estatal en materia de violencia contra las mujeres para sancionar específicamente las agresiones cometidas con ácidos, sustancias químicas o corrosivas.
Con ello, Chihuahua se suma a las entidades que reconocen la violencia ácida como una forma de violencia de género y como tentativa de feminicidio, una modalidad que durante años permaneció sin una tipificación específica.
María Elena Ríos denuncia impunidad
Pese al avance legislativo, Ríos sostiene que su propio caso continúa sin una sentencia definitiva. Señala que Juan Antonio Vera Carrizal, a quien identifica como autor intelectual del ataque, permanece en un hospital de Oaxaca y que desde diciembre de 2024 el proceso se encuentra prácticamente detenido debido a su situación de salud.
La defensora también acusa que Vera Carrizal busca obtener su absolución mediante tres amparos cuya eventual atracción está pendiente de decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En paralelo, Juan Antonio Vera Hernández, también señalado por Ríos como presunto autor intelectual, continúa prófugo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene una recompensa de un millón de pesos por información que permita localizarlo.
La activista pidió a la Suprema Corte analizar el caso con perspectiva de género y evitar que la impunidad prevalezca.
Violencia ácida: un problema que continúa
El reclamo de María Elena Ríos ocurre mientras los registros oficiales muestran que las agresiones con ácido y sustancias corrosivas siguen afectando a mujeres en México.
De acuerdo con las cifras citadas por la defensora, entre enero y octubre de 2025 fueron identificadas 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con estas sustancias.
A siete años del ataque, Ríos insiste en que su caso no es aislado y que la legislación debe convertirse en justicia efectiva para las víctimas.
“¡Ni una mujer quemada más en México!”, es el llamado con el que la activista acompaña su exigencia de justicia.