Poder Judicial: Hugo Aguilar destaca austeridad, autonomía y reducción del rezago
El Poder Judicial reportó la resolución de 13 mil 231 asuntos durante el primer año de la nueva integración de la Suprema Corte.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su intervención en el informe de labores de la institución. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, presentó su primer informe de actividades, en el que sostuvo que la nueva etapa del Poder Judicial implica una transformación institucional basada en la austeridad, la transparencia, la independencia y una mayor cercanía con la sociedad.
¿Qué cambios plantea la nueva etapa del Poder Judicial?
Aguilar Ortiz afirmó que la justicia dejó de ser un espacio reservado para determinados sectores y sostuvo que el Poder Judicial debe estar al servicio de todas las personas.
En su mensaje, señaló que la transformación también implica terminar con prácticas y privilegios que, dijo, existían dentro de la institución.
“La justicia verdadera exige austeridad y el mejor uso de los recursos públicos, pero sin dejar de lado la calidad y eficiencia. La austeridad es un criterio que compartimos todos en el nuevo Poder Judicial. La austeridad la entendemos como la prohibición absoluta de disponer de los recursos públicos de manera arbitraria o discrecional que implica invertir para el mejoramiento continuo del Poder Judicial y del sistema de justicia.”
El ministro presidente informó que las ministras y ministros eliminaron prestaciones y seguros, entre ellos el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación, además de reducir estructuras administrativas.
“Eliminamos y mantendremos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada. Redujimos en 10 por ciento la plantilla de las áreas administrativas, compactamos estructuras en la presidencia, establecimos que todo movimiento a la estructura orgánica debe generar un ahorro mínimo del 10 por ciento. También eliminamos privilegios históricos y servicios superfluos que se mantenían para los ministros y ministras, quienes actualmente integramos el pleno, percibimos la remuneración que la Constitución prevé. Quiero ser enfático. Se acabaron los privilegios.”
Aguilar Ortiz también dedicó parte de su mensaje a defender la autonomía e independencia del Poder Judicial. Afirmó que la institución mantiene diálogo con autoridades y sectores políticos, económicos y sociales, pero sostuvo que ese acercamiento no implica subordinación al resto de los poderes.
“Hoy podemos afirmar que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes, que sigue siendo una instancia técnica y además ha recuperado su sensibilidad y visión humanista, que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución, sin dejar de tender puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores del país. En suma, estamos convencidos que Estado de derecho debe significar justicia, dignidad y paz construido en una adecuada coordinación con los otros poderes.”
¿Cómo defiende la Suprema Corte su independencia?
El ministro presidente sostuvo que el Poder Judicial puede escuchar a los distintos sectores, pero que sus decisiones se toman con libertad e independencia de criterio.
“Bajo esta perspectiva, hemos sostenido diálogo con autoridades municipales, estatales, federales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con los poderes legislativos y judiciales de las entidades federativas para escuchar sus argumentos en los temas de su interés. Sin embargo, al momento de tomar las decisiones lo hacemos con plena libertad, autonomía e independencia de criterio. Nuestros debates son públicos, los proyectos se conocen previo a las sesiones. Así, el pleno ha validado normas o ha declarado su invalidez cuando la ha estimado constitucionalmente procedente. Lo hacemos con debates intensos, con votación concurrente, con votos particulares, pero siempre en sesión pública y frente a todos y todas. Se acabaron las sesiones privadas donde se decidían asuntos en la oscuridad, la independencia del Poder Judicial no está en entredicho, se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México.”
Aguilar Ortiz insistió en que el Poder Judicial no actúa en función de presiones o circunstancias políticas y afirmó que su obligación fundamental es con la Constitución.
“Este año de trabajo ha servido para despejar dudas. El Poder Judicial de la Federación es autónomo. Funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda. Insistimos, el Poder Judicial no atiende cargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución ynuestro compromiso es con el pueblo de México.”
Al hablar de la situación que encontraron al inicio de esta etapa, el ministro presidente señaló que la Suprema Corte tenía problemas en sus sistemas de registro, control y gestión de asuntos.
Aguilar Ortiz afirmó que durante años no existió una cifra exacta de todos los asuntos que tenía el máximo tribunal y que los registros se realizaban mediante mecanismos manuales y dispersos.
“No existía cifra exacta de todos los asuntos que tenía la Corte. Por esta razón, se ordenó una revisión exhaustiva y certificó que existían 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales firmadas y en espera de cerrar los expedientes, 2 mil 130 piezas postales pendientes, 345 asuntos sin acordar ni tramitar, 3 mil expedientes que no se habían enviado al archivo desde 2024 y aproximadamente 20 mil asuntos varios sin dar de baja. A un año de trabajo, seguimos regularizando las cifras que nos dejaron, puesaún hay expedientes que la anterior integración no registró ni reportó.”
Como parte de las acciones emprendidas, informó que la Corte avanzó en la digitalización de sus procesos, estableció reglas y plazos para la elaboración de sentencias y votos, y puso en operación sistemas electrónicos para el seguimiento de asuntos.
También señaló que los expedientes de amparos directos en revisión comenzaron a integrarse exclusivamente de manera electrónica y que se implementó un sistema de turnos aleatorios para sustituir el mecanismo manual.
En materia de gestión, informó que los expedientes varios redujeron su rezago a la mitad y que el tiempo estimado de atención pasó de dos meses a dos días.
Respecto a la productividad del tribunal, Aguilar Ortiz afirmó:
“En este primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración. De ellos se resolvieron 13 mil 231 asuntos, 2 mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. Esto significa que resolvimos el 88 por ciento de todo lo ingresado. Los expedientes restantes se encuentran en trámite o en ponencias y de no haber recibido el rezago de la anterior integración, habríamos logrado un equilibrio entre ingresos y egresos.”
El ministro presidente añadió que de mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración únicamente quedaban pendientes 44 y señaló que algunos de esos expedientes habían ingresado a la Corte desde 2014 y 2015.También afirmó que, desde la última semana de julio, el número de asuntos resueltos era superior al de los asuntos ingresados de manera acumulada. Sobre la admisión de asuntos, sostuvo que ahora se aplica un criterio técnico-jurídico para que la Suprema Corte funcione como tribunal constitucional.
“Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio. Se acabaron las decisiones donde se usaba la Suprema Corte para retrasar los asuntos en favor de intereses personales. Los asuntos que hoy admitimos es porque tienen relevancia y trascendencia para la vida nacional.”
Al cerrar su mensaje, Hugo Aguilar Ortiz reiteró que la nueva etapa del Poder Judicial busca mantener la independencia y autonomía, pero con una institución abierta a la sociedad.
“La justicia no puede ser distante ni indiferente. Tiene que ser una herramienta real de protección de derechos. Tiene que ser cercana, tiene que ser humanista. Hablar de acceso efectivo a la justicia no es hablar de trámites ni de expedientes, es hablar de vidas, de realidades desiguales, de presentes y futuros. Es hablar de personas, comunidades, pueblos y sectores que esperan gozar plenamente de sus derechos.”
Y concluyó su primer informe con una definición sobre el proceso que, afirmó, ya comenzó:
“El orden y la paz social bajo un régimen democrático requiere necesariamente del respeto al orden jurídico, y esa es nuestra principal tarea y nuestra firme convicción. Una justicia real, verdadera y cercana al pueblo no es una meta lejana, ni una promesa para el futuro, es el camino que ya empezamos a recorrer. Este año resolvimos con sensibilidad social y redujimos el rezago que recibimos. Salimos a territorio, escuchamos a las comunidades, los colectivos y a las personas colocándolas en el centro de cada decisión.”
