El dilema de la doble nacionalidad: ¿hasta dónde pueden limitarse los derechos políticos?
El debate sobre imponer restricciones a aspirantes con doble nacionalidad plantea interrogantes sobre la progresividad de los derechos fundamentales en México, advirtió Edmundo Jacobo Molina.
El debate sobre la doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abre una discusión sobre la extensión de las restricciones políticas.
En “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que la restricción a las aspiraciones de quienes ostentan doble nacionalidad plantea interrogantes sobre el alcance futuro de estas prohibiciones y sobre los principios que rigen las garantías fundamentales.
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¿Cuándo se reconoció la doble nacionalidad en México?
En México el reconocimiento a la doble nacionalidad se concretó mediante una reforma constitucional en 1997. Antes de dicho cambio, las personas debían renunciar a una de sus nacionalidades al cumplir la mayoría de edad. La modificación legal permitió conservar el vínculo con más de un país, un estándar común en diversas legislaciones del mundo.
Frente a las limitantes para ocupar cargos de representación popular o de gobierno, Jacobo Molina explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino previamente para definir el criterio aplicable.
El máximo tribunal determinó que, para aspirar a un cargo, la persona interesada debía renunciar a la protección consular o diplomática del otro Estado, sin que esto implicara la pérdida de la nacionalidad. Con este mecanismo se buscaba conciliar el ejercicio de los derechos políticos con la lealtad requerida en la función pública.
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¿Las restricciones podrían extenderse a otros cargos?
Las medidas encaminadas a exigir la renuncia expresa de la nacionalidad representan un precedente en materia de progresividad de derechos, indicó, y restar garantías previamente alcanzadas puede derivar en la expansión de restricciones hacia otros cargos de elección, tales como diputaciones, senadurías o presidencias municipales.
Sobre la percepción de que la doble nacionalidad supone un riesgo de conflicto de lealtades en el desempeño de un cargo, el exfuncionario consideró que la solución adoptada con anterioridad por el Poder Judicial ya atendía la responsabilidad del servidor público ante el Estado mexicano, por lo que desestimar ese marco plantea interrogantes sobre el rumbo de la regulación en la materia.