¿Censura a periodistas? Luisa María Alcalde niega listas negras y granjas de bots de la 4T
Luisa María Alcalde Luján rechazó que la exhibición de nombres de periodistas y medios en pantallas oficiales constituya la creación de “listas negras” o una forma de censura.

¿Hay o no listas de periodistas perseguidos por la 4T?
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Al ser cuestionada sobre si la exhibición de nombres de periodistas y medios en pantallas oficiales representaba la creación de listas negras o una forma de censura, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, rechazó tales afirmaciones.
¿El gobierno niega la creación de listas negras de periodistas?
En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la funcionaria aseguró que el ejercicio no pretendió estigmatizar a los comunicadores, sino explicar la mecánica con la que supuestos bloques de ataque retoman publicaciones de prensa para legitimarlas y posicionar tendencias de manera artificial mediante más de medio millón de cuentas en diversas partes del mundo.
Según los datos presentados por la consejera, el análisis detectó un bloque de cerca de 30 cuentas anónimas principales que articulan los mensajes de ataque, las cuales son amplificadas por una red de más de 500 mil cuentas automatizadas operando con nodos en Europa, África, Sudamérica, así como en España y Estados Unidos.
¿Qué dijo sobre el uso de bots para favorecer al gobierno?
Sin embargo, al preguntarle por qué el estudio se enfoca únicamente en las redes que atacan al gobierno y no en aquellas que operan de forma idéntica para difundir mensajes favorables al gobierno, la funcionaria sostuvo que no han detectado la existencia de granjas de bots vinculadas al movimiento de la Cuarta Transformación.
“No utilizamos granjas de bots, de ninguna manera. Categóricamente te digo que no.”
—
Ante la insistencia sobre si el uso de estos recursos digitales es una práctica recurrente en múltiples sectores políticos, Alcalde Luján insistió en que el compromiso oficial reside en garantizar el derecho a la información sobre los fenómenos de manipulación en redes.
Mientras que la postura gubernamental defiende la presentación de estos datos como un acto de transparencia, los cuestionamientos de la prensa apuntan a la intencionalidad política tras la selección de los datos presentados.




