Acumula el extinto INAI 14 irregularidades graves sin resolver en el uso de recursos

Las auditorías federales realizadas durante los últimos tres años al hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) identificaron 14 irregularidades graves en el manejo de recursos públicos que, hasta ahora, permanecen sin aclaración y podrían derivar en sanciones.

La información actualizada del Sistema Público de Consulta de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que tres de esas anomalías corresponden al ejercicio presupuestal de 2022; otras siete se relacionan con recursos ejercidos en 2023, y cuatro más con el presupuesto de 2024.

Los señalamientos abarcan desde el uso indebido de recursos en viajes, viáticos y acompañantes no autorizados, hasta contratos con deficiencias de ejecución o para servicios presuntamente innecesarios y duplicados.

Las irregularidades podrían haber ocasionado un quebranto al erario —e incluso posibles desvíos— por más de 17 millones de pesos. A la par, las revisiones detectaron prácticas deficientes y conductas éticamente cuestionables de algunos de los excomisionados que integraban el Pleno, hechos que eventualmente podrían dar lugar a responsabilidades administrativas.

La legislación establece que, si las observaciones no son solventadas, la ASF debe presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por cualquier posible daño a la hacienda pública. En ese escenario, correspondería a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción investigar y, en su caso, proceder contra los servidores públicos responsables.

Estas revisiones son independientes de las indagatorias que desarrollan otras instancias, como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Su titular, Raquel Buenrostro, señaló hace unos días que la dependencia investigaba deficiencias detectadas después de que asumió, en mayo de 2025, las funciones que antes correspondían al INAI.

Viajes irregulares; viáticos e invitados injustificados

Durante la auditoría forense practicada en 2023, los auditores federales advirtieron por primera vez diversas anomalías vinculadas con recursos destinados a viajes y viáticos internacionales. Se detectaron gastos irregulares por 596 mil pesos, asociados con comisiones sin autorización previa del Pleno, pagos realizados fuera de los periodos permitidos, gastos de acompañantes, consumos no autorizados y deficiencias en comprobantes fiscales digitales.

La situación se repitió y se profundizó durante el año siguiente. En 2024, las observaciones relacionadas con viajes y comisiones representaron casi tres millones de pesos que, hasta el momento, no han sido aclarados ni reintegrados.

Ese año, los comisionados reportaron 20 comisiones con expedientes documentales incompletos. La misma deficiencia fue localizada en otras 104 comisiones realizadas por servidores públicos de menor rango dentro del instituto.

También se identificaron 86 comisiones en las que participaron personas externas al INAI, sin documentación suficiente que justificara su inclusión. Solo este concepto implicó un posible daño al erario cercano a un millón de pesos.

Incluso, al momento de la revisión, los auditores detectaron que faltaban por reintegrar 28 mil 749 pesos correspondientes a boletos de avión adquiridos para comisiones canceladas. Ese monto tampoco había sido devuelto hasta la fecha.

Contratos dudosos

Por otra parte, la ASF documentó inconsistencias en la ejecución de diversos contratos para la prestación de servicios. Al menos una decena de contratos presentó anomalías que, según los auditores, tuvieron como origen la “falta de control, supervisión y seguimiento” en el ejercicio de recursos federales.

Por monto, las observaciones más importantes —superiores a cuatro millones de pesos— se relacionan con un contrato otorgado en 2024 a la empresa Ocram Seyer. La ASF advirtió que no se presentó documentación esencial sobre la asistencia de operarios, los trabajos realizados, la supervisión de sanitarios, bitácoras por piso, informes ejecutivos ni comprobantes de pago de cuotas al IMSS.

Un caso similar había sido detectado un año antes, en 2023, con el proveedor COSIO. Según el informe, no se acreditó plenamente el número de trabajadores requerido, los controles biométricos, las altas ante el IMSS, los reportes ejecutivos, las hojas de control ni los comprobantes de cuotas patronales. Además, cuatro personas incluidas en listas de asistencia no aparecieron en registros del IMSS ni del INFONAVIT.

Los auditores también estimaron un posible daño patrimonial superior a un millón 800 mil pesos en un contrato adjudicado ese mismo año al Despacho Milán Brito para brindar asesoría contable. La ASF consideró que existió duplicidad en los servicios, pues el despacho recibió pagos por elaborar estados financieros, notas y balanzas de comprobación que formaban parte de las atribuciones del Departamento de Contabilidad del INAI. A ello se sumaron inconsistencias en los entregables y una falta de supervisión documental.

En 2023 y 2024 también se localizaron anomalías en los servicios de seguridad privada contratados con la Policía Auxiliar. La renovación del contrato se realizó de forma automática y sin autorización del Pleno; además, no se acreditaron registros de acceso, 163 partes diarios de novedades ni consignas firmadas. Once elementos, incluso, no cumplían con los requisitos de edad y/o estatura previstos en el contrato.

Irresponsabilidad y nepotismo

Más allá de los posibles daños económicos, las auditorías efectuadas al INAI entre 2022 y 2024 documentaron negligencias, incumplimientos normativos y conductas éticamente cuestionables atribuibles tanto a integrantes del Pleno como a personal de la institución.

La ASF detectó que 62 personas servidoras públicas tenían familiares laborando dentro del INAI, entre ellos padres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges. El hallazgo incluyó dos pares de hermanos adscritos a una misma área. El instituto no contaba con un mecanismo para identificar esos vínculos, prevenir conflictos de interés o verificar restricciones sobre subordinación familiar, situación que derivó en un esquema de nepotismo generalizado.

Las auditorías también revisaron movimientos bancarios de funcionarios, incluidos integrantes del Pleno. En ellos se observaron transferencias entre servidores públicos, préstamos personales reportados, retiros de efectivo y recursos entregados a subordinados para fines particulares. Asimismo, se identificaron depósitos que inicialmente no aparecían reflejados en declaraciones fiscales de personas físicas.

Los auditores recibieron, además, denuncias relacionadas con una posible exigencia de “moches” dentro del INAI. El informe de resultados de la auditoría correspondiente a 2023 recogió referencias de exservidores públicos y trabajadores en activo sobre presuntas solicitudes para entregar parte de sus salarios a cambio de conservar el empleo, entre 2018 y 2022.

Excomisionados de bajo perfil

Tras la desaparición del INAI en 2025, la mayoría de los integrantes de sus últimos plenos ha mantenido un perfil discreto, pese a los cuestionamientos formulados sobre su desempeño y el funcionamiento del organismo que encabezaron.

Blanca Lilia Ibarra, penúltima presidenta del INAI, trabaja actualmente en una de las ponencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El excomisionado y expresidente del Pleno, Francisco Acuña, también se había desempeñado previamente en esa institución.

Adrián Alcalá, último comisionado presidente del organismo, y la excomisionada Josefina Román se han enfocado en actividades académicas y de consultoría privada. Román, además, buscó sin éxito una plaza como jueza federal durante la elección judicial extraordinaria de 2025.

Distinto es el caso de la excomisionada Julieta del Río Venegas, quien, además de publicar un libro, ha conservado presencia pública mediante entrevistas y posicionamientos sobre las iniciativas gubernamentales en materia de transparencia. La semana pasada, por ejemplo, cuestionó la fragmentación de las obligaciones de transparencia entre distintos niveles de gobierno del país.