¿Qué ha logrado la SCJN por los derechos de la comunidad LGBTIQ+? Estos son los avances y retos
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero destacó los avances normativos impulsados por el máximo tribunal en favor de las comunidades LGBTIQ+
Los derechos LGBTIQ+ y la visibilización de las minorías han tomado gran relevancia en la justicia contemporánea de nuestro país, por lo que en “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, habló sobre los avances normativos y los desafíos que aún persisten en diversas entidades federativas en lo relativo a la progresividad de los derechos de las comunidades LGBTIQ+.
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¿Qué avances ha impulsado la SCJN en favor de las comunidades LGBTIQ+?
Explicó que, a través de diversas acciones de inconstitucionalidad, el máximo tribunal ha corregido restricciones locales en temas críticos como los discursos de odio, la rectificación de actas de nacimiento en menores de edad, las llamadas terapias de reconversión y la despenalización de relaciones consensuadas que antes eran perseguidas bajo el sesgo del delito de corrupción de menores, pese a una resistencia institucional persistente en estados como Guanajuato y Tamaulipas.
La labor de la SCJN no debe limitarse a la resolución técnica y formal de los expedientes, puntualizó Guerrero García, sino que el verdadero impacto de la justicia constitucional se mide en su capacidad de transformar la realidad cotidiana de las personas, saliendo de las oficinas judiciales para convertirse en una herramienta accesible, cercana y fácil de comprender para todos los sectores de la sociedad, especialmente para los más vulnerables.
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¿Cómo busca modernizarse el Poder Judicial?
Bajo la premisa de garantizar el derecho ciudadano a entender las leyes, el ministro Guerrero García propuso erradicar el uso del lenguaje excesivamente técnico y hermético, el llamado “abogañol”.
En su lugar, planteó una estrategia de democratización judicial que incluye la posibilidad de descentralizar las sesiones de la Suprema Corte, trasladando los debates a universidades y plazas públicas en distintas regiones de la República Mexicana para romper la distancia histórica entre la sociedad y los juzgadores.
A la par de la agenda de derechos humanos, el ministro destacó la urgencia de consolidar una transición tecnológica profunda en el Poder Judicial mediante la innovación digital.
La inteligencia artificial es un aliado estratégico que funcionaría como un mecanismo de control de calidad para eficientar los procesos, combinándolo con la apertura de nuevos espacios virtuales de mediación que agilicen la resolución de conflictos, agregó.