México rechaza señalamientos de la ONU por desapariciones forzadas

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por considerar que omitió avances contra las desapariciones forzadas desde 2018, además de calificarlo de tendencioso y sesgado.

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Postura del gobierno federal

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU para que considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen, que llegó a niveles que podrían considerarse crimen de lesa humanidad…

El gobierno federal insistió en que el Informe no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones, ni tampoco los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025…

“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, enfatizó.

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Contexto

La crisis de desapariciones en México durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha vuelto al centro de la discusión pública tras los recientes señalamientos del Comité sobre la situación en los estados de Coahuila, Nayarit y Veracruz.

De acuerdo a la información recabada por el Gobierno Federal, entre 2009 y 2017, estas entidades federativas se convirtieron en el epicentro de un patrón sistemático de violencia donde la frontera entre las instituciones del Estado y el crimen organizado se desdibujó de manera alarmante.

En el estado de Nayarit, el periodo comprendido entre 2011 y 2017 estuvo marcado por la gestión del exfiscal Edgar Veytia, cuya estructura criminal dentro de la propia Fiscalía General del Estado facilitó un incremento drástico en casos de tortura, secuestros y desapariciones forzadas.

El funcionario, capturado posteriormente en Estados Unidos, operó una red que utilizaba a los agentes estatales como brazo ejecutor para eliminar a rivales del narcotráfico y extorsionar a la ciudadanía bajo el amparo del poder público.

De forma simultánea, Coahuila enfrentó un deterioro sostenido de la seguridad bajo la administración de Humberto Moreira. Entre 2009 y 2016, la entidad registró un aumento crítico de la violencia vinculada al control territorial de grupos como Los Zetas.

La impunidad permitida durante estos años derivó en masacres y desapariciones que evidenciaron la libertad de acción con la que contaban las organizaciones criminales en la región.

La situación en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, entre 2010 y 2016, completó este panorama nacional. En este estado se documentó una estrategia de persecución que afectó gravemente a periodistas y derivó en ejecuciones extrajudiciales.

Colectivos de víctimas han denunciado de forma reiterada la participación directa de corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública estatal en eventos trágicos, destacando casos emblemáticos como las desapariciones en Tierra Blanca y el descubrimiento de Colinas de Santa Fe, uno de los cementerios clandestinos de mayor magnitud en el territorio mexicano.

Argumentos y respuesta institucional

A través de un comunicado, Gobernación y la Cancillería insistieron en que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada…

El gobierno federal agregó que omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentó que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución…

“Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como la ligereza de sus premisas, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, anotó en un comunicado,

Las dependencias aseveraron que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.

“Resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo. Fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley”, subrayaron las dependencias.

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Recordaron una serie de herramientas y obligaciones que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU no consideró debidamente como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, entre otros…

Gobernación y Relaciones Exteriores retomaron lo dicho por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.

“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual. Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, finalizaron.

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AHZ