W Radio. Representantes de la IP advierten que reforma eléctrica de AMLO viola T-MEC

México

La reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente López Obrador al Congreso, generó nuevamente posturas divergentes entre expertos del sector privado y funcionarios de la CFE, durante los foros de parlamento abierto que organiza la Cámara de Diputados.

En lo que fue el décimo cuarto foro denominado "TMEC vs. Reforma Eléctrica", este martes los ponentes que manifestaron posiciones en contra de la iniciativa gubernamental, advirtieron que tal y como está redactada la propuesta viola el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En contraste, los funcionarios de la CFE aseguraron que no se afecta dicho tratado ni se atenta contra las inversiones nacionales y extranjeras, cumple con las obligaciones internacionales. Y sostuvieron que el tema eléctrico quedó fuera de la negociación del T-MEC.

Sin embargo, el asesor del sector privado en materia de competencia económica, y quien fuera funcionario de la Secretaría de Economía en el sexenio de Peña Nieto como jefe del equipo de negociación técnica del T-MEC, Kenneth Smith alertó, que la iniciativa de López Obrador, si podría violar dicho tratado y México se haría acreedor a represalias comerciales y demandas multimillonarias.

Aseguró que cualquier cambio constitucional en materia eléctrica, tiene que ser compatible con el T-MEC, y no lo es la propuesta gubernamental.

"Sí hay un alto riesgo de que la reforma propuesta contravenga los compromisos de México. Establece condiciones de discriminación a favor del monopolio del Estado y se convertiría CFE en juez y parte, cancela los permisos de generación existentes. No se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, nuestros socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado e imponer represalias comerciales en los sectores más exitosos de importación de México. La experiencia nos muestra que puede haber pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos que se han mencionado en especial en materia de expropiación indirecta".

Pero en una postura totalmente opuesta, abogado general de la CFE, Raúl Jiménez, explicó que en el capítulo 8 del TMEC, se establece que "México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución". Es más, el también investigador de Conacyt, aseveró que en la negociación de dicho tratado quedó fuera el tema energético, y que el propio presidente López Obrador lo ha mencionado varias veces en sus conferencias de prensa matutinas.

"Con las gestiones del negociador Jesús Seade, se llega a la conclusión de que ese capítulo queda derrotado y en su lugar queda establecido en el artículo 8.1, parágrafo 2, inciso A del capítulo 8. Lo que se deduce está en palabras categóricas del presidente López Obrador en algunas mañaneras, 'cuando se aprobó el tratado nosotros establecimos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo. El tema energético está fuera del T-MEC".

No obstante, la represente de los empresarios estadunidenses en México, Ana López Mestre, titular de la American Chambers of Commerce, advirtió que existe gran preocupación de parte de los inversionistas y congresistas de Estados Unidos sobre las afectaciones de la reforma mexicana lo que inhibirá la inyección de capitales en nuestro país. De hecho, aseguro que la visita de John Kerry responde a esa preocupación además del tema ambiental.

Sin embargo, la abogada de litigios estratégicos de la CFE, Almudena Otero de la Vega, resaltó que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que no solo es comercial pues atiende también los intereses de los Estados nacionales, tiene un capítulo dedicado a la protección de las inversiones y cuenta con un mecanismo de arbitraje para resolver las disputas internacionales que surjan entre las empresas y el Estado.

Remarcó que el mecanismo de solución de controversias establece que el trato que el Estado otorgará a los inversionistas extranjeros un trato igual y en condiciones similares al de los inversores nacionales y ese tema está salvado porque el tratado es parejo, y la única diferencia es que los privados podrán operar hasta en un 46 por ciento y la empresa del Estado en un 56 por ciento en la cobertura nacional de electricidad.