Otorgan primer amparo contra padrón de celulares

México

El juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones, concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) aprobado hace unos días por el Senado de la República.

El impartidor de justicia argumentó que la entrega de datos biométricos puede no ser idónea para la persecución de delitos, ya que advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente.

Dicha suspensión provisional fue otorgada al ciudadano Óscar González Abundis, para evitar su registro en el padrón de celulares y será hasta el próximo 27 de abril, cuando se conozcan si se concede al quejoso la suspensión definitiva.

Supuestamente el propósito del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) es crear “una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos”, se lee en el documento.

Este padrón contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información, además los concesionarios podrán dejar sin servicio a quienes no proporcionen sus datos.

Aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.

Cabe destacar que con esta medida, México se convirtió en uno de casi 20 países del mundo que exige los datos biométricos, que incluyen las huellas digitales y el iris.