Corrupción. Denuncia ciudadana vital para combatir la corrupción: IESB

La denuncia interna es un posicionamiento ético que puede funcionar como mecanismo de mejora y eficiencia administrativa, dijo la titular de la SFP.

La denuncia ciudadana es vital para combatir la corrupción, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Al inaugurar el primero de tres conversatorios sobre la ley para protección de alertadores señaló que en México era ya impostergable la instauración del sistema de protección y garantías a quienes denuncian la corrupción, sin circunscribirse sólo al sector público, sino también al privado, por lo que la nueva ley tendría que enfocarse a cómo proteger a esas personas de cualquier forma de sanción, desde en el ámbito laboral hasta el derecho fundamental a la vida.

La Secretaria Sandoval Ballesteros subrayó que el Sistema de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, puesto en marcha por la Función Pública en julio de 2019, es una de las estrategias de combate a la corrupción más exitosas en el mundo.

“En México, desde la Función Pública, ahora ya caminamos también hacia una ley que dé cumplimiento efectivo y verdadero también a los convenios internacionales signados por nuestro país y que no se habían honrado desde hace muchos años”, aseveró.

“La denuncia interna es un posicionamiento ético que puede funcionar como mecanismo de mejora y eficiencia administrativa, pero sobre todo es un medio para construir la nueva ética pública”, expuso al iniciar los trabajos de tres conversatorios para construir el contenido de una propuesta Ley General de Alertadores de la Corrupción.

En ese sentido destacó que un elemento fundamental que retoma la Función Pública, y que debe reflejarse en la legislación que se construye, es el concepto de jerarquía en la relación de abuso de poder que se establece entre denunciante y denunciado.

A lo largo de este mes y principios de noviembre la Función Pública, a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa a Víctimas de la Corrupción, a cargo de Jesús Robles Maloof, realiza tres conversatorios sobre una Ley General de Alertadores de la Corrupción desde un enfoque que destaca el papel la ciudadanía comprometida en el combate a la corrupción.

En el primero de ellos, efectuado hoy y en el que participaron más de 130 personas, ciudadanía en general, organizaciones sociales y personas servidoras públicas aportaron sus propuestas para consolidar en la Ley General de Alertadores de la Corrupción un marco normativo sobre las obligaciones del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar la alerta ciudadana de hechos de corrupción.

El propósito es contar con los elementos esenciales, con base en las mejores prácticas y la identificación de las demandas de la ciudadanía en la materia, con una ley que salvaguarde los derechos humanos de las personas alertadoras ante riesgos derivados de sus denuncias, a través de las medidas que sean necesarias para su protección.