Caso ABC: Un año de impunidad

Por Mónica RomeroSonora.- Este sábado 5 de junio se cumple un año del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora

El balance de la tragedia es de 49 niños muertos, permanecen 26 niños con quemaduras graves, 13 de ellos aún en tratamiento en los hospitales Shriners de Estados Unidos, mientras que otros 49 exigen ser atendidos por su probable exposición a gases tóxicos

No existe ni una sola persona detenida, los padres dicen tener sólo la esperanza de que la Corte ratifique el proyecto de dictamen del ministro Arturo Saldivar. En estos 364 días que han transcurrido, los padres de las víctimas han clamado justicia, se han realizado más de una decena de marchas, las dos primeras en la ciudad de Hermosillo, con una participación de más de cinco mil personas cada una, y una tercera a la que asistieron más de diez mil personas. Otras a nivel estatal, en ciudades como Guaymas y Navojoa, además de la participación ahora de 22 estados de la República en más de 35 ciudades. El 23 de junio de 2009, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora consignó a catorce personas por su responsabilidad en el incendio, el juez dio luz verde a trece y la autoridad detuvo a siete, todos ellos trabajadores de la Secretaría de Hacienda local de la subsecretaría de Ingresos. Ninguna de éstas era un funcionario de mandos medios o superiores, eran empleados que ganaban entre tres mil y siete mil pesos mensuales, desde el encargado de las llaves que abría la puerta de la bodega, hasta almacenistas que tenían entre uno y dos meses de laborar ahí. A un año los dueños de la Guardería, siguen sin ser consignados, lo mismo sucede con los altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que permitieron la subrogación de esa guardería en condiciones fuera de la ley y que no la supervisaron, el director de protección civil municipal, el coordinador de la unidad de protección civil del estado, el ex director de obras públicas que dio el permiso de uso de suelo, tampoco han sido consignados los altos mandos de la Secretaría de Hacienda del estado, quienes tenían a su cargo elaborar el programa interno de seguridad de la bodega. Durante estos doce meses tampoco ha sido involucrado el dueño del predio en el que se ubicaban la bodega y la guardería, José Matiella, empresario cercano al ex gobernador Bours y padre de uno de los dueños de la guardería. Hubo únicamente una persona detenida, ella fue la coordinadora de Guarderías del IMSS en Hermosillo, Irma Díaz, salió bajo fianza la coordinadora zonal, Delia Irene Botello Amante, quien fue la encargada de hacer la última visita de supervisión a la guardería, diez antes del incendio, en cuyo reporte felicitó a la estancia, quien es también cuñada del dirigente nacional del Sindicato del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez. El 25 de junio la PGR atrajo el caso después del enfrentamiento entre el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bours acusó a Gómez Mont de proteger a los directivos del IMSS, exigió que se citara a declarar a Juan Molinar Horcasistas en su calidad de ex director del Seguro Social

La Suprema Corte decidió, luego de irse de vacaciones crear una comisión investigadora, el ministro Arturo Saldivar, ratificó este jueves los resultados de la Comisión y agregó entre los vinculados al actual director del IMSS, Daniel Karam. Se documentó el antecedente de un segundo incendio en la bodega de Finanzas de la Secretaría de Hacienda, el 29 de septiembre de 2002, días después de que el secretario de Gobernación señaló que el incendio fue provocado. El ambiente de tragedia prevalece en Hermosillo, el dolor se ha manifestado de distintas maneras, los padres se han puesto en huelga de hambre, se han tatuado el nombre de sus hijos fallecidos, crearon organizaciones como la Cinco de Junio, Manos Unidas y Salud y Justicia. Se reunieron con el presidente Felipe Calderón, quien les prometió que habrá acciones importantes en la impartición de la justicia y se decretó el 5 de junio día de luto nacional

Los padres piden también las destituciones del procurador estatal, Abel Murrieta, quien fue ratificado en el cargo por el gobernador Guillermo Padrés, y la salida también del director general del IMSS, Daniel Karam. Entre los logros, según sus propias palabras, está el que se les hayan restituido sus derechos para demandar por la vía penal y civil a quienes consideren responsables y el sentido del proyecto del ministro Arturo Saldivar de declarar directamente vinculados al director del IMSS, Daniel Karam, su ex director Juan Molinar y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.