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Exige CNDH retiro de militares en tareas de seguridad pública

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, exigió que los militares dejen de participar en labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles, y sugirió un debate para que puedan ser juzgados por tribunales civiles.

México D.F., 21 de septiembre, 2007.- El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, exigió que los militares dejen de participar en labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles, y sugirió un debate para que puedan ser juzgados por tribunales civiles.

En conferencia de prensa luego de presentar cuatrorecomendaciones por abusos de las fuerzas castrenses en Coahuila,Michoacán y Sinaloa, dijo que ya es hora de que el gobierno genereuna "calendarización a largo plazo" para el retiro de tropas endiversas comunidades.

Es necesario dejar de exponer a los militares a misiones paralas que no están preparados y que no son de su estricta competencia,como son las tareas de seguridad pública, señaló el titular de laComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, reconoció que sería irresponsable quitar a loselementos del Ejército mexicano de dichas tareas en este precisomomento, ya que en varias regiones del país habría una ausencia deautoridad.

Retirar de inmediato a los militares sólo le podría convenir alnarcotráfico y a otros grupos que actúan con violencia, además de quemuchos mexicanos perderían la única protección que tienen contra ladelincuencia organizada, advirtió.

Soberanes Fernández consideró conveniente abrir un debate en losforos jurídico, académico y de la sociedad en general para analizarel tema de los alcances del fuero militar.

A su parecer, el fuero militar debe ser una excepción y no laregla general para juzgar a los miembros del ejército cuando cometenilícitos que no se relacionan con la disciplina de los cuerposcastrenses.

"Deberían ser los tribunales civiles y el Ministerio Público delfuero común o federal, según sea el delito, los que hagan lasinvestigaciones y que solo sean juzgados por el ejercicio de suscargos por la Procuraduría Militar cuando incurran en violacionescontra su disciplina", agregó.

ACREDITA CNDH ABUSOS DE MILITARES

La CNDH envió cuatro recomendaciones a la Secretaría de laDefensa Nacional por la presunta responsabilidad de 78 militares enla comisión de delitos sexuales, robo, tortura, lesiones y homicidiocontra ciudadanos de Coahuila, Michoacán y Sinaloa.

José Luis Soberanes Fernándezpresentó en rueda de prensa las recomendaciones relacionadas con loscasos de Castaños, Coahuila; de Nocupétaro y Apatzingán, Michoacán, yde Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

En el asunto de Castaños indicó que se acreditó laresponsabilidad de personal castrense en la violación de 14 sexoservidoras, así como lesiones que a una de ellas le provocaron unaborto.

En tanto que en Nocupétaro, Michoacán, se resolvió que elementosdel Ejército mexicano cometieron allanamiento de vivienda y torturacontra 65 personas.

Además, en cuatro casos se acreditó abuso sexual, en dos deellos violaciones a menores de 16 y 17 años de edad", precisó.

De la investigación en Apatzingán, Michoacán, se concluyó quehubo excesos en el uso de la fuerza y utilización indiscriminada dearmas de alto poder, así como cateos injustificados de elementos delEjército, tras un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes.

Sobre el asunto de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, expuso que losmilitares provocaron la muerte de los miembros de una familia queviajaba a bordo de una camioneta, después de haber tomado bebidasembriagantes y consumido droga.

De los 20 militares involucrados en esos hechos, destacó, "sedetectó que siete de ellos habían consumido mariguana y uno de estosademás cocaína y metanfetaminas".

La CNDH giró esas cuatro recomendaciones a titular de laSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, paraque inicie una investigación por las violaciones a los derechoshumanos de militares.

Asimismo que se castigue a quienes entorpecieron las diligenciasde dicha comisión, y la reparación de los daños a las víctimas de losabusos.

En el caso particular de Castaños, la recomendación se enviótambién al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y al Congresoestatal, para que realicen las investigaciones que les correspondesobre las omisiones en que incurrieron funcionarios públicos.

 

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