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Sancionan a servidores públicos por proselitismo en el DF

La Contraloría General del Distrito Federal sancionó a siete servidores públicos involucrados en actos de proselitismo registrados en las delegaciones Venustiano Carranza y Coyoacán.

México, DF, abril 15, 2006.- La Contraloría General del Distrito Federal sancionó a siete servidores públicos involucrados en actos de proselitismo registrados en las delegaciones Venustiano Carranza y Coyoacán.

Recordó que el 17 enero de 2006, a solicitud de Ruth Zavaleta, entonces jefa delegacional en Venustiano Carranza, se abrió el expediente CIVC/D/001/I-06 para investigar posibles faltas administrativas en el uso de camionetas de la demarcación para actividades de proselitismo.

Así la Contraloría determinó que la directora de Gobierno, Sandra Hilda Ibáñez Pulido; la subdirectora de Área B, Lidia Aceves Millán; y la jefa de Unidad Departamental, María Isabel Hernández Carrillo, incurrieron en faltas administrativas el 11 de enero.

Lo anterior por emplear camionetas bajo su resguardo para actividades no oficiales, indicó el gobierno capitalino mediante un comunicado.

Sandra Hilda Ibáñez y Lidia Aceves Millán fueron suspendidas de su cargo por 15 días, mientras a María Isabel Hernández se le impuso una suspensión por 60 días.

En los tres casos se acreditó incumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones I, III y VI del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos.

Por otra parte la Contraloría General determinó inhabilitar por un año a Arturo Octavio Buendía Godínez, subdirector de Recolección de Residuos Sólidos y Mejoramiento Urbano de la Delegación Coyoacán.

Ello al comprobarse incumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones I, III, VI y XXII del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades.

Detalló que esa sanción se determinó luego de que presuntamente personal adscrito a su área informara sobre la colocación de propaganda en calles de la demarcación.

También se impuso una amonestación pública a Rubén Tovar Aguilar, Carolina González y Marisa Mercado Vázquez al acreditarse faltas administrativas relacionadas con ese hecho.

El 1 de octubre de 2005 la Contraloría Interna en la Delegación Coyoacán determinó la suspensión de esos servidores públicos para facilitar el desarrollo de las investigaciones.

La Contraloría General reiteró a los servidores públicos que está prohibido hacer uso de recursos oficiales para cualquier tarea que no sea carácter oficial.

 

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