Gobierno y cañeros llegan a pacto para suspender protestas por ley de Azúcar
El Gobierno mexicano llegó a un acuerdo con legisladores de oposición y asociaciones de productores de caña de azúcar para suspender las movilizaciones de los cañeros, en favor de la aplicación de una ley azucarera recientemente sancionada.
México, DF, septiembre 29, 2005.- El Gobierno mexicano llegó este miércoles a un acuerdo con legisladores de oposición y asociaciones de productores de caña de azúcar para suspender las movilizaciones que habían iniciado los cañeros, en favor de la aplicación de una ley azucarera recientemente sancionada.
Los cañeros habían iniciado en los últimos días la ocupación de los 58 ingenios azucareros del país y de la sede de la secretaría de Agricultura en la capital para pedir la implementación de la norma y protestar por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno contra dicha ley.
Tras una reunión con los subsecretarios de Gobernación, Felipe González, y de Agricultura, Francisco López Tostado, el líder de la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPC), Daniel Pérez Valdés, anunció que "el plantón (ante la sede del ministerio) hoy mismo lo tomamos".
"Con respecto a los ingenios, yo calculo que muy posiblemente se quiten el día de hoy (miércoles)", agregó.
En contrapartida, el gobierno ofreció la apertura de los registros para las organizaciones que negociarán el precio del dulce, como les reconoce la ley en litigio, y el inicio de unas mesas de negociación para establecer un calendario para la implementación de los organismos que recoge esa norma.
Pérez Valdés atribuyó este avance a la salida del ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, cuya renuncia aceptó este miércoles el presidente Vicente Fox, quien nombró en su lugar a Francisco Mayorga Castañeda, hasta ahora director de un programa gubernamental de apoyo a agricultores.
El 21 de septiembre, la Procuraduría federal presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos puntos de la ley tras el incumplimiento por parte de los legisladores de la oposición de su compromiso de modificar algunos aspectos de la norma.
Esta acción legal sigue adelante a pesar del acuerdo, puesto que la fiscalía no tiene atribuciones para rectificar este paso.



