Halla auditoria internacional deficiencias serias en lucha antilavado en México

Por primera vez en más de 25 años, México está en riesgo de obtener un resultado desfavorable en la auditoría internacional oficial que analiza las capacidades reales que tiene un país para prevenir y, en su caso, combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se trata de la evaluación mutua especializada a cargo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) iniciada en 2025, y cuyos resultados finales se presentarán y discutirán en el próximo encuentro que tendrán sus casi 200 países miembros a finales de octubre en la ciudad de Paris.

México forma parte de GAFI desde el año 2000 luego de superar, con éxito, su primera evaluación mutua. A partir de ahí salió adelante en las evaluaciones de 2004, 2008 y 2017, aunque en esta última recibió observaciones importantes que requerían seguimiento cercano relacionadas con la baja efectividad del aparato normativo y construido para frenar el lavado.

Este último es especialmente relevante debido a que la evaluación que ahora está concluyendo se enfocó justamente en la obtención de resultados medibles y de su impacto.

Dos fuentes con conocimiento directo del proceso de evaluación y su seguimiento, y que pidieron reservar su nombre, indicaron Así las Cosas PM y Entorno MX que las deficiencias estratégicas que se identificaron desde 2017 no se han podido solventar. Si bien existe una serie de modificaciones legales y en su momento se expidió una Evaluación Nacional de Riesgos, la auditoría advierte que dicha evaluación esta actualizada desde 2023, y no existe una estrategia articulada entre todas las autoridades y sujetos obligados en este sector para aterrizarla y ejecutarla.

Un resultado desfavorable en los indicadores, además de evidenciar deficiencias en México sobre la prevención de lavado, pone al país en una situación en riesgo. Los expertos indicaron que, con alta probabilidad, se le dará un año de plazo al país para remediar un trabajo que no se ha hecho en mucho más tiempo. De no hacerlo caerá por primera vez en el grupo de las llamadas “jurisdicciones de vigilancia mayor” (comúnmente conocida como “lista gris”) que agrupa a los países con deficiencias estratégicas en materia de lavado y combate al financiamiento al terrorismo.

“Esto tiene una implicación muy seria para efectos reputacionales. Estas diciéndole a la comunidad internacional: cuidado con este país, no está tomando las medidas necesarias (…) y eso puede afectar a la inversión extranjera porque entonces usar el sistema financiero del país se vuelve caro por todos los blindajes que tiene que tomar un inversionista. También hay riesgo para acceder a créditos, fondos…” dijo una de las especialistas consultadas.

¿Qué y cómo se evalúa?

A lo largo de los años los mecanismos de evaluación conjunta han tenido diversos ajustes con la finalidad de medir, de la forma más certera posible, como están preparados los países para prevenir y disminuir un fenómeno delictivo transnacional tan cambiante y en evolución como son las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para la evaluación de 2027 y para la que se encuentra actualmente en curso se establecieron 40 recomendaciones de cumplimiento técnico y 11 resultados inmediatos. En el caso de las recomendaciones, estas competen a todos los temas de carácter normativo, jurídico y administrativo sugeridos para hacer frente a la problemática.

Sin embargo, no basta con demostrar que existen leyes: el país debe probar que producen resultados. Para ello existen los 11 resultados inmediatos, que competen al desempeño en temas de investigaciones y condenas por lavado, decomiso de bienes, uso de inteligencia financiera, supervisión efectiva e identificación de beneficiarios finales.

Se le llama evaluación conjunta porque esta se lleva a cabo por un grupo de expertos técnicos de diversos países que forman parte de GAFI, y que están capacitados y especializados para ser evaluadores

El proceso completo de evaluación tiene hasta doce etapas distintas y se extiende por un periodo que va de los 12 a los 18 meses. Además de la revisión de aspectos teóricos y técnicos como las características del país, los análisis de riesgo y otros, hay visitas in situ con entrevistas a autoridades, fiscales, policías, supervisores, bancos, casas de bolsa, notarios, abogados, contadores, empresas de activos virtuales y otros sectores obligados.

Los hallazgos de todo este procedimiento y sus conclusiones preliminares se consignan en un reporte cerrado que se someterá discusión de los integrantes de GAFI en la plenaria anual que este año se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre en la sede de la OCDE en Paris, Francia. Tras las revisiones y ajustes el reporte final de evaluación se publicará en enero de 2027.

El resultado de cada país no se plasma con un número sino con categorías. Aquellas naciones con un resultado favorable quedan dentro del llamado “seguimiento regular” que, significa, un monitoreo estándar de su funcionamiento acorde a los retos permanentes de las problemáticas que se enfrentan. Las naciones en las que las áreas de oportunidad son relevantes y requieren mayor atención son unidades en “seguimiento intensificado”.

En caso de que la evaluación encuentre que el seguimiento intensificado fue insuficiente y las fallas persisten o se han profundizado, el país podría ser incluido en un “pool” o “lista de espera” con la finalidad de subsanar deficiencias en el corto plazo, antes de ser ingresado oficialmente a la lista gris.

La situación de México

En lo relacionado con el cumplimiento de las 40 recomendaciones que forman parte de la evaluación conjunta, y que en 2017 fueron identificadas como áreas de oportunidad, México logró dar pasos importantes. Port ejemplo, en un periodo de tres años entre 2021 y 2024 se lograron 11 recalificaciones de recomendaciones que habían sido consideradas como no cumplidas o parcialmente cumplidas. En ese mismo periodo Estados Unidos logró solo una.

El reto para nuestro país está en los resultados inmediatos. Ello ya que, además, la evaluación actual se enfoca justamente en la eficacia del sistema y su impacto real en el combate al lavado de dinero y el financiamiento a actividades criminales de alto calado. La coordinación de todos los entes involucrados y con capacidad de incidencia es indispensable.

“Se ha avanzado, pero no lo suficiente para lograr una verdadera coordinación con impactos al más alto nivel. Superar las deficiencias estratégicas requiere de mucha voluntad política y de muchísimo apoyo para que la entidad coordinadora que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda sacar adelante estos esfuerzos, y en eso el país está corto”, indicó una de las fuentes consultadas.

La responsabilidad de lograr estos resultados, bajo coordinación de la UIF, compete a distintos actores, desde la Fiscalía General de la República, pasando por el Poder Judicial, hasta el Servicio de Administración Tributaria. Y a ese esfuerzo deben sumarse actores privados como los bancos, sociedades financieras, fintechs, los notarios, etc.

En el papel y en la narrativa se ha plasmado la importancia de la coordinación, aun cuando la última evaluación de riesgos ya tiene cuatro años desde su última actualización. El punto rojo está en la escasez de resultados concretos, medibles y auditables, situación atribuible, según los funcionarios consultados, a una estrategia que tampoco se ha formulado luego de la evaluación de 2023.

“La pregunta fundamental es que se ha hecho con las evaluaciones de riesgo del pasado. ¿Dónde están las estrategias y más importante los resultados? Ese es el punto débil que México no logra solventar”, indicó una de las fuentes consultadas.

La lista gris… y negra

Al corte de junio de 2026, los países ubicados en el grupo de vigilancia mayor o “lista gris” son Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Iraq, Kenya, Kuwait, Laos, Líbano, Monaco, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes Británicas y Yemen.

“Las jurisdicciones sometidas a una supervisión reforzada colaboran activamente con el GAFI para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”, indica la página oficial de GAFI.

Por otro lado, existe una lista corta de países que entran en la categoría de “alto riesgo con llamado a la acción” comúnmente conocida como “lista negra”. Para todos los países identificados como de alto riesgo, “el GAFI insta a todos sus miembros y a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de blanqueo de capitales”.

Los únicos tres países que se ubican en la lista negra son Irán, Corea del Norte y Myanmar.

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