Estafa Maestra: Corte atraerá caso sobre amparos de la ASF en investigaciones
La Estafa Maestra llegará a la Suprema Corte para definir si la ASF puede promover amparos contra resoluciones judiciales.
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Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción para definir si la Auditoría Superior de la Federación tiene legitimación para promover juicios de amparo contra resoluciones judiciales que puedan llevar al cierre de investigaciones relacionadas con la llamada Estafa Maestra.
¿Qué resolverá la Suprema Corte sobre los amparos de la ASF?
La decisión corresponde a la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 980/2026, vinculada con la Contradicción de Criterios 61/2026, planteada ante la existencia de resoluciones contradictorias de tribunales federales sobre las facultades de la ASF para intervenir en estos procesos.
El punto que tendrá que resolver la Corte es si la Auditoría puede recurrir mediante amparo determinaciones que afecten la persecución de conductas posiblemente lesivas para la Hacienda Pública Federal, aun cuando la resolución judicial no implique una afectación directa al patrimonio de la propia ASF.
El caso llega al máximo tribunal después de que algunos tribunales consideraron que la Auditoría no tiene facultades para promover estos amparos, al estimar que las decisiones judiciales no afectan directamente su patrimonio. Esa interpretación se apoya en el artículo 7 de la Ley de Amparo respecto de las personas morales oficiales.
Pero existe también un criterio contrario. Otro Tribunal Colegiado sostuvo que la ASF, por su carácter de órgano fiscalizador y garante de los recursos públicos, puede intervenir como coadyuvante del Ministerio Público e impugnar decisiones relacionadas con el no ejercicio de la acción penal, aun cuando el daño patrimonial no recaiga directamente sobre la Auditoría.
¿Qué casos de la Estafa Maestra están involucrados?
Uno de los expedientes involucrados corresponde a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, relacionado con convenios de 2016 con la Universidad Autónoma Indígena de México. La FGR señaló una posible afectación económica cercana a 110 millones de pesos; sin embargo, tribunales determinaron que no existían elementos suficientes para mantener la vinculación a proceso.
Otro expediente involucra a José Roberto Aguilar Fuentes y José Roberto Torres Gutiérrez, relacionados con un convenio por 400 millones de pesos entre la entonces Sedesol y la Universidad Politécnica de Chiapas. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, se desconoce el destino de casi la mitad de esos recursos.
¿Qué impacto puede tener la resolución de la Corte?
La resolución de la Corte será relevante porque puede establecer un criterio obligatorio para jueces y magistrados respecto de los alcances de la ASF para utilizar el amparo en investigaciones por posibles daños al erario.
La discusión ocurre además mientras continúan reveses judiciales en expedientes de la Estafa Maestra. En septiembre, un tribunal federal revocó el proceso contra González Tiburcio, al considerar insuficientes los datos de prueba presentados por la FGR.
La llamada Estafa Maestra fue revelada en 2017 a partir de una investigación periodística que documentó un esquema de contratación mediante dependencias federales, universidades y empresas privadas. Las auditorías e investigaciones posteriores ubicaron el monto observado en más de 7 mil 600 millones de pesos, aunque los alcances y responsabilidades han sido materia de distintos procesos judiciales.
