Sin ficha roja ni extradición: El olvido de la FGR que le permite a Inés Gómez Mont vivir libre en Florida

El proceso penal por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez puga y de su esposa Inés Gómez Mont, se encuentra paralizado en México no solo por el hecho de que ninguno ha sido detenido, sino por un amparo que no se ha resuelto.

Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a este medio que en 2022 la defensa de la pareja promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México en contra de la orden de aprehensión girada en su contra un año antes.

Lo anterior bajo el argumento, esgrimido por la defensa de los probables responsables, de que la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019 a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) se encontraba mal integrada, con datos valorados de forma incorrecta de plano errónea, y con elementos que no probarían ni de forma inicial los cargos que se pretenden imputar

A partir de la presentación de ese amparo inició un largo recorrido judicial que hasta la fecha no se ha resuelto. El 21 de febrero de 2022, la Jueza federal Rosa María Cervantes Mejía, determinó diferir la audiencia para la exposición final de alegatos de las partes debido a que había información de amparos paralelos que estaba pendiente.

Tras dos años de espera, el 29 de mayo de 2024, se realizó la llamada “audiencia constitucional” en la que se presentaron los alegatos finales y se cerró el periodo de instrucción restando solamente la emisión de la sentencia correspondiente.

Sin embargo, transcurridos otros dos años la sentencia sigue sin ser emitida sin que haya alguna razón sobre ello. Es un retraso que ha afectado significativamente el proceso ya que, además, es casi seguro que las partes presentarán recursos en contra de lo que se determine para que el amparo avance a una fase de revisión en una instancia superior.

Cabe señalar que en caso de que el amparo sea concedido los efectos de este, con alta probabilidad, podrían dejar sin efecto las órdenes de aprehensión totalmente, o se podría ordenar de nueva cuenta a un juez de control del Penal del Altiplano (donde está radicado el caso) que analiza y corrija los errores y se vuelva a pronunciar al respecto.

Ni ficha roja ni extradición

Desde enero de 2021, semanas antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra, Álvarez Puga e Ines Gómez Mont ingresaron a los Estados Unidos con visas de turista. Seis meses después salieron del país, pero volvieron a reingresar a través de un barco sin reportar sus ingresos, violando con ello leyes migratorias.

El 11 de julio de 2022, ya instalados y radicados en Florida junto con sus hijos, la pareja presentó una solicitud de asilo ante el gobierno de los Estados Unidos acusando una supuesta persecución política en México. En setiembre de 2024 agentes del ICE detuvieron a Álvarez Puga y lo trasladaron a una cárcel migratoria donde permaneció unas semanas hasta que cubrió el pago de una fianza.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “esperaba” que los Estados Unidos entregaran a Álvarez Puga, la Fiscalía General de la República no había hecho el trabajo previo para contar con una ficha roja de interpol que permitiera la detención provisional con fines de extradición de Álvarez Puga.

Hasta la fecha la FGR no ha precisado públicamente si ya requirió o no la extradición de la pareja que, según sus investigaciones, fueron los presuntos líderes de una trama delictiva a través de la cual cuales se desviaron más de dos mil 500 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a través de una red de empresas fantasma.