En sus dos primeros años de funcionamiento el observatorio de casos de corrupción “El Corruptómetro” ha identificado 692 casos relacionados con hechos de corrupción en todos los niveles de gobierno en México, los cuales representan daños económicos y desvíos por más de 900 mil millones de pesos.

Casi el 30 por ciento de los recursos afectados por estos casos de posible corrupción están relacionados con malos manejos en los presupuestos etiquetados para acciones de salud y seguridad. Pese a que se trata de casos que llegaron a los medios y se hicieron públicos solo en dos por ciento de todos ellos se han esclarecido a través de un juicio.

El Corruptómetro es una iniciativa lanzada por la asociación civil TOJIL a finales de octubre de 2022 con la finalidad de monitorear, registrar y clasificar todas aquellas noticias o reportajes que se publican en medios de comunicación en los que se revelan o consignan posibles hechos de corrupción. Esto para, a su vez, darles seguimiento.

En ese periodo se han publicado, hasta ahora, 89 reportes semanales en los que se ha dado cuenta de un total de 692 casos relacionados con hechos de posible corrupción que, en su conjunto, representan un potencial daño al erario que rebasa los 914 mil 500 millones de pesos,

De los casos detectados el 65 por ciento corresponde a malos manejos de recursos a nivel federal ya sea en solitario o junto con otros niveles de gobierno, y le siguen los casos del nivel estatal o municipal.

Los casos que involucran a gobiernos o servidores públicos de Morena representan casi la mitad del total, el 48 por ciento. Este dato se explica, en parte, a que dicha fuerza política es la que concentra el mayor número de gobiernos en el país. Le siguen los casos vinculados al PRI con un 20 por ciento, al pan con un 7.2 por ciento, y el resto a otras fuerzas políticas.

También hay casos en los que están involucrados gobiernos o funcionarios de más de dos fuerzas políticas. Por ejemplo, el Corruptómetro reporta 77 en donde se da una conjunción entre funcionarios vinculados al PRI y a Morena.

El sector más afectado por los malos manejos es el de la seguridad. 128 casos tienen que ver exactamente con recursos correspondientes a ese sector. Le siguen los casos vinculados a temas de salud con 72 en total; los de obras con 71; los que tienen que ver con el presupuesto para el campo con 63; los de energía con 60; los de educación con 53: entre otros.

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Aunque los casos reportados desde El Corruptómetro son hechos que se hicieron públicos a través de una noticia o de un reportaje, esto no ha sido garantía hasta ahora de su esclarecimiento.

De entrada, en la tercera parte de los casos no se ha iniciado ni siquiera una investigación oficial. En números exactos se trata de 224 casos (32%) en los que no se conoce que haya una indagatoria penal o administrativa en curso.

Por otro lado, si bien hay 458 casos con una indagatoria oficial detrás, solo 216 han avanzado lo suficiente para llegar ante un juez y convertirse en un proceso penal. Y e todos ellos apenas 14 han llegado a un juicio oral o sentencia condenatoria. Es apenas el 2 por ciento de todos los casos registrados en el periodo.

Entre los casos que han llegado a una resolución se encuentran los vinculados con el llamado “Cartel inmobiliario” a través principalmente de procedimientos abreviados en los que los implicados se declaran culpables a cambio de una pena mínima. También uno relacionado con la Estafa Maestra, aunque solo en contra de funcionarios de bajo rango.

Un caso reciente y destacado fue el de la sentencia condenatoria por más de diez años de prisión en contra de diez años de prisión en contra de un exsubsecretario de finanzas de Durango, que luego de un juicio oral fue encontrado culpable del delito de peculado. Lo anterior tras haber desviado más de 120 millones de pesos que estaban destinados para la Universidad Autónoma del Estado.

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