En materia de finanzas públicas el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deja millonarias cuentas pendientes. Reportes de auditorías federales identifican más de 200 mil millones de pesos del erario que no han sido recuperados como resultado de casi seis mil irregularidades y posibles desvíos en el manejo de recursos públicos.

Datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados en Así las Cosas PM muestran que las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los años 2019 a 2022, sumado a una entrega parcial de 2023, muestran un saldo pendiente de 218 mil 880 millones de pesos cuyo gasto y destino legal no se han podido acreditar hasta la fecha.

A este total falta lo que se acumule de las auditorias restantes ya practicadas al ejercicio de 2023, y las revisiones que se lleven a cabo una vez que concluya 2024, el último año del sexenio que está por concluir.

En comparación con los primeros cuatro años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto el saldo de recursos observados y no recuperados es menor, pues para aquel periodo (de 2013 a 2016) el acumulado es de poco más de 300 mil millones de pesos que no han sido recuperados.

En contraste, la cifra es superior a los 191 mil millones de pesos que se quedaron sin comprobar en el mismo periodo del sexenio del expresidente Felipe Calderón, aunque, si tomamos en cuenta el tema de la inflación, a la fecha esa cantidad también es superior a lo registrado por el actual sexenio.

Los 218 mil 880 millones que registra el sexenio de López Obrador como posible daño al erario son resultado de cinco mil 998 hechos distintos en los que los auditores identificaron que los recursos comprometidos desaparecieron o fueron manejados de forma incorrecta por los funcionarios o instancias responsables de hacerlo.

En este mismo lapso los auditores han promovido 6 mil 459 procedimientos de sanción administrativa en contra de los funcionarios responsables por estos malos manejos. En contraste, solo se han presentado 22 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República.

La fuga del dinero: Segalmex, Pemex, ISSSTE

Los recursos que la ASF ha observado por posibles malos manejos en el actual sexenio han afectado el presupuesto que por un lado manejan directamente las dependencias, institutos y organismos del gobierno federal; por otro lado, el que se otorga a poderes y organismos autónomos; y finalmente los recursos que se envían a estados y municipios a través de los fondos y participaciones.

Entre los malos manejos de los que es directamente responsable el gabinete del presidente destaca el caso del organismo Seguridad Alimentaria (Segalmex), creado justo por el actual gobierno para manejar los programas de asistencia alimentaria en beneficio de las poblaciones vulnerables, y que agrupó a las empresas públicas Diconsa y Liconsa.

Los reportes de las auditorías identifican malos manejos en dichos organismos que dejan un saldo de 19 mil 788 millones de pesos que, contrario a lo dicho en las conferencias matutinas del presidente, no ha sido repuesto hasta la fecha.

Otra instancia federal con un monto significativo por aclarar es el ISSSTE donde tan solo de 2019 a 2022 se registraron irregularidades en el manejo de sus recursos por más de 1 mil 786 millones de pesos. Se trata de un instituto donde el propio presidente ha reconocido que encontraron mayor corrupción. Los datos muestran que este problema persiste.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) donde, bajo la gestión de Ana Guevara, la cifra de recursos mal manejados supera los 626 millones de pesos.

La principal empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, tampoco se ha librado de los malos manejos y la corrupción. Los reportes de los auditores identifican, por ejemplo, un faltante de más de 1 mil 795 millones tan solo en los recursos que se manejan desde su dirección corporativa. A ello se suman otros 2 mil 183 millones más pendientes de su subsidiaria Pemex Transformación Industrial; 1 mil 479 millones de pesos de su área de Exploración y Producción; entre otros.

Otro caso es el de Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de las principales casas de estudio del país que a lo largo de este sexenio ha acumulado señalamientos y denuncias por posibles malos manejos tras la llegada de exfuncionarios señalados por corrupción en el pasado. Los datos de la ASF identifican más de 293 millones de pesos posiblemente malversados en la actual administración federal.

Por el lado de los fondos federales entregados a los estados también se acumulan malos manejos. Por ejemplo, las auditorías identificaron 833 millones de pesos del llamado FASP que se destina a los estados para fortalecer sus acciones e instituciones relacionadas con el ramo de seguridad pública.

Otro con anomalías importantes es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con 2 mil 246 millones de pesos observados tan solo en el actual sexenio. Se trata de recursos que la federación destina a los ayuntamientos para obras de infraestructura básica.

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