PRI, PAN y PRD impugnan las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía
Explicaron que el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil pues deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos
PRI, PAN y PRD impugnan las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía / Tetra Images
Luego que el pasado 14 de junio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, aprobadas por el Congreso de la Unión en abril, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que violan la Carta Magna, lesionan el régimen de libertades, los equilibrios y controles al poder.
Los legisladores de oposición denunciaron que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la mayoría morenista y sus aliados del PT y el PVEM, impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades, aun cuando dichos actos afecten el interés de la sociedad, es decir, que el Amparo deja de ser una herramienta efectiva para defender los derechos de la ciudadanía y un medio efectivo de protección.
Explicaron que, con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil pues deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos.
La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos, aseguraron los diputados del PRI, PAN y PRD.
Además, dicha reforma viola los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.
Respecto a los cambios a la Ley de Amnistía, los diputados del PRI, PAN y PRD, aseguraron que viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.
La amnistía genera impunidad, impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas.
Los legisladores de la oposición advirtieron que dicha reforma proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona, incluso con falsedad de declaraciones.