Impunidad. Amparan a Cárdenas Palomino… "no podemos ser cómplices": AMLO

México

UIF presenta denuncias contra García Luna, esposa y “socios cercanos”, operó ilegalmente por 20 años.

Con fuerte crítica al poder judicial y al afirmar que no se guardará silencio, este jueves el gobierno federal destacó la aprobación de un amparo a favor de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la extinta Policía Federal y quien fuera mano derecha del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó una decisión por parte del poder judicial que su administración no podía callar.

“Acaban de otorgar un amparo en el poder judicial del país y queremos que se conozca este tema porque no podemos nosotros ser cómplices y ocultar lo que está realmente sucediendo, la vida pública en la democracia, tiene que ser cada ves más pública y no somos encubridores”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez dio a conocer que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, otorgó dicho beneficio a Cárdenas Palomino.

“El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión, a penas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina que son magistrados del poder judicial de la federación, dicen ellos, la justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino”.

Y es que explicó que el poder judicial consideró entre otras cosas que debe intervenir una autoridad del extranjero.

“Como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero por lo tanto carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica, punto, jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora aprobada por la segunda sala y no todos quiero insistir, los jueces aplican a ciegas”.

Consideró que el acudir a una agencia del exterior como la DEA, sería un acto de lesa soberanía, lo que enfatizó no admitirá. Pablo Gómez detalló que la intención de la UIF era colocar a Cárdenas Palomino en la lista de personas bloqueadas para evitar que realice cualquier movimiento financiero en el país, al notarse la relación de las actividades con García Luna.

“Originalmente fue bloqueado por cinco millones y medio de pesos que tenía en una cuenta, obviamente pues son dineros livianos para estas tramas de corrupción que no las tienen pero estar en la lista de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas están bloqueadas sino que no tiene ya acceso al sistema financiero, no puede cobrar un cheque, no puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera, la UIF no bloquea cuentas, las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia que las personas son bloqueadas”.

Calificó de malinchista el criterio de los magistrados que insistió, sirve para convalidar las actividades ilícitas y proteger a criminales y ex funcionarios corruptos debido a que mencionó, muchas veces se prohíbe incluso entregar las investigaciones de la UIF al Ministerio Público, cuando enfatizó, para dar seguimiento a una denuncia de lavado de dinero es indispensable la denuncia de la Unidad de Inteligencia. Pablo Gómez señaló que lo que sí fue posible hacer fue bloquear a 10 empresas por cuatro millones y medio de pesos, por su colaboración en actos indebidos con García Luna.

“El gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de la corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, se llegó incluso al extremo que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás, hay diez empresas que fueron bloqueadas por el gobierno de México a través de la UIF”.

Señaló que tras contratos con empresas recibían beneficios que eran trasladados al Caribe, de ahí a Miami donde se hacían compras de bienes inmuebles pero también objetos como vehículos, asunto por el cual se levantaron denuncias contra García Luna, su esposa y otros allegados.

“Durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior, en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público. Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos la Comisión de Delitos de Corrupción, las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Miembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero”.

Gómez Álvarez, expuso los contratos realizados oscilan en más de 745 millones de dólares que son el centro de la demanda civil interpuesta en el estado de Florida para reparar el daño.

“Un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extranjeros recursos públicos por un monto de 545.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”.

Explicó que fue posible actuar contra García Luna al detectarse un movimiento de una empresa importante de Miami cuyos socios tienen relación con García Luna y que operó con Cárdenas Palomino.

“En el caso de García Luna se pudo por el conducto para llegar a Miami el que él se fue allá y que el aconglomerado empresarial, de Miami, una transferencia de 10 millones de dólares a García Luna y en ese momento pudimos agarrar la mano, decir ya te caché, ese fue el elemento más importante para abrir el proceso civil y reclamar todos los bienes. En el caso de Luis Cárdenas Palomino no hemos tenido esa fortuna pero ha sido investigado por la UIF hace mucho”.

Ante esto determinó que lo que hace el gobierno no es perseguir a nadie por sus ideas políticas sino buscando cumplir con la ley con un instrumento legal que es el bloqueo de cuentas como acto preventivo mientras se da seguimiento a denuncias también presentadas ante las autoridades.

Y consideró que entre las tareas que tiene el país es convocar para tener fuerza y hacer un ajuste en estos criterios para evitar que sean instrumentos de impunidad.