Morena y oposición se enfrentan por “decretazo militar”

Mientras que Morena en el Senado defiende el decreto presidencial para la militarización del país, asegurando que forma parte de la ley aprobada el año pasado, la oposición en la Cámara Alta dice que esa decisión es arbitraria y violatoria de la Constitución, pues no cumple con la reforma que el Congreso de dio en 2019.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el decreto que promulgó el presidente Andrés Manuel López Obrador no le otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, por el contrario, delimita su actuación en tareas de seguridad pública, la cuales están mandatadas por la Constitución Política.

Sin embargo, en conferencia de prensa virtual, Kenia López, Víctor Fuentes, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota, Gloria Manzo y Damián Zepeda, advirtieron que recurrirán a las vías legales, para impugnar este uso sin controles, de las fuerzas armadas, ya que la intención era crear la guardia nacional “civil” y usar al ejercito sólo en labores de apoyo, extraordinario, no de forma permanente en labores de patrullaje y policiacas, durante todo el sexenio.

Damián Zepeda, advirtió que la determinación presidencial, militariza ahora si al país, y es la muestra del fracaso de este gobierno en materia de seguridad pública., por lo que acudirán a las vías legales, nacionales o internacionales, para impugnarlo.

“Nosotros le dimos la confianza al presidente, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta 5 años, el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Las y los senadores del blanquiazul, señalaron que estas condicionantes, fueron establecidas y clarificadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, nada de ello se respeta en el decreto del 11 de mayo del 2020, por el cual el Ejecutivo pretende regular la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Señalaron que, en el decreto, no plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública.

No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado.

No garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.

El decreto, por tanto, es inconstitucional y arbitrario, pues se arroga atribuciones correspondientes al Congreso, y pone en manos del Ejército tareas que constitucionalmente corresponden a la autoridad civil, afirmaron.

Lamentaron, que el presidente durante su campaña prometió regresar las fuerzas armadas a los cuarteles, hoy sus acciones muestran, una vez más, una contradicción.

Finalmente los panistas, señalaron que “La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen su reconocimiento y respeto por su labor leal y patriótica, son las instituciones más apreciadas por la sociedad, pero este gobierno le ha asignado un sin número de tareas que no son precisamente propias de su encargo: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y las sucursales del Banco de Bienestar, participar en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro, combatir el huachicol, frenar el flujo migratorio, repartir libros de texto, y ahora labores de Seguridad Pública”, señalaron.

Destacaron, que el homicidio, las lesiones, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y la violación simple aumentaron en marzo; tan solo en el caso de homicidios se cometieron 172 por día.

"No es un tema menor, como ya hemos señalado anteriormente, la pandemia le ha caído como anillo al dedo para mostrar sus ambiciones autoritarias”, finalizaron.

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