Informe de la CIDH no refleja la realidad de México, responde Gobierno Federal

La metodología utilizada por el organismo internacional, destacó el Gobierno, fue segada pues buscó y reflejó violaciones específicas y llegó a conclusiones sin fundamento

No refleja la situación general del país, fue la respuesta que el gobierno mexicano en torno al informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Después que siete de sus integrantes resaltaran que el país vive niveles críticos de inseguridad e impunidad, y que la atención a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos es insuficiente e inadecuado, las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), y la Procuraduría General de la República (PGR), aseguraron no compartir con los resultados presentados por al considerar que parte de premisas y diagnósticos erróneos.

Y es que según el organismo, México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, lo cual fue descalificado por las dependencias, quienes indicaron que las observaciones de la CIDH se basa en encuentros y entrevistas sobre temas específicos y lugares focalizados, “desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.

Según el texto, en repetidas ocasiones se solicitó a la Comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, indicó, el informe publicado no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que, enfatizó, ignoró más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita en 1997.

Señaló que el informe final de la Comisión Interamericana incorporó, referencias a las observaciones del Estado Mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial, por ello las dependencias consideraron que si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones.

También se indicó que la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial ya que en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo, mencionó, generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento.

Las dependencias remarcaron que el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia, por lo que insistieron, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual enfatizaron, no aconteció.

En el comunicado, las dependencias gubernamentales indicaron que la Comisión desestimó las iniciativas de Ley para prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, así mismo que la Procuraduría General de la República publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.

Entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del gobierno está la protección a los derechos de las víctimas, por lo que se publicó la Ley General en la materia, que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Por ello indicaron que el informe de la Comisión no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Además enfatizaron que países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH. Y destacaron, el Gobierno de la República tomó nota de las recomendaciones incluidas en el informe.

Aquí puedes leer el comunicado conjunto del Gobierno Federal.

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