Designan a juzgados que resolverán amparos contra la Reforma Educativa

Por Yadira Rodríguez México.- Los Juzgados Tercero, Sexto y Séptimo de Distrito, con sede en Cholula, Puebla, serán los encargados de conocer y resolver los más de 150 mil amparos que se interpusieron contra la Reforma Educativa. Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que estableció que con el fin de cumplir con una impartición de justicia “pronta y expedita”, se incrementará el número de servidores públicos destinados a atender los amparos promovidos, principalmente por maestros de la CNTE, en contra de la Reforma Educativa. En el acuerdo CCNO/3/2013, el Consejo de la Judicatura Federal destacó que estos más de 150 mil solicitudes de amparo representan una “carga extraordinaria de trabajo”, por lo que se decidió que tres juzgados, el Tercero, Sexto y Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en Puebla, se encarguen exclusivamente de conocer, dar trámite, resolver y en su caso ejecutar los juicios de amparo que se presenten contra esta reforma. Y es que el Consejo de la Judicatura alegó que “se advierte la promoción de una gran cantidad de juicios de amparo indirecto en contra de la reforma constitucional contenida en el citado decreto y su aplicación. Lo anterior se ve reflejado en un aumento extraordinario en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales”. En ese sentido, detalló que “las demandas de amparo presentadas en contra del acto señalado (…) serán turnadas para su trámite, resolución y en su caso ejecución, a los Juzgados Tercero, Sexto y Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, según la distribución equitativa que realice la Oficina de Correspondencia Común del centro auxiliar”

Finalmente, en el acuerdo especificó que los tres juzgados que conocerán las demandas de juicio de amparo contra la Reforma Educativa tendrán el personal que la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal considere necesario para resolver en los tiempos de ley las solicitudes de protección de la justicia.