Gobierno de Veracruz ofrece disculpa por desaparición forzada de jóvenes

Alberto Pérez, Luis Morales y Jesús Ticante fueron levantados por policías municipales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por Violaciones Graves debido la desaparición forzada de tres jóvenes, ocurrida el 19 de marzo de 2016, en el municipio de Papantla, en Veracruz; por lo que los gobiernos estatales y municipales, ofrecieron una disculpa pública a los familiares.

"Se trata de aceptar la responsabilidad estatal debido a la desaparición forzada de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, cuyos derechos a la libertad e integridad personales fueron vulnerados por policías municipales; asimismo de sus familiares el derecho a la verdad, integridad y seguridad jurídica", declaró el mandatario Cuitláhuac García.

También lamentó que dos administraciones ocultaran actos delictivos de las corporaciones de seguridad e incluso se inculpara a las propias víctimas; además de que durante la administración anterior, no se acatara la recomendación emitida por el organismo.

El gobernador de Veracruz señaló que el actual gobierno atiende sus obligaciones y cambió las actitudes de desdén a los reclamos de justicia, al ofrecer disculpas en nombre de los altos cargos que alimentaron la confrontación eludiendo el respeto a la vida humana.

"Que los responsables enfrenten a la justicia y el Estado reconozca que se equivocó", demandó.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, puntualizó que esta acción representa la importancia de concientizar a través de la memoria histórica, para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan.

"Las autoridades asumen el compromiso de implementar medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, así como la reparación integral del daño y un diagnóstico para determinar si los policías municipales cumplen o no con los perfiles requeridos, cargo o comisión, tal y como se especificó en el documento recomendatorio", dijo.

Al respecto, el alcalde Mariano Romero aceptó la responsabilidad de los servidores municipales, los actos que socavaron los derechos humanos de los tres jóvenes y posterior revictimización de las familias.

Se comprometió a vigilar el cumplimiento a cabalidad de las observaciones e implementar las medidas necesarias. "Trabajaremos para garantizar el acceso a la justicia y que las víctimas indirectas reciban un trato respetuoso y digno".

Cargando