Leyes GN cumplen con parámetros requeridos: SSPC

Frontera México-Guatemala

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difieren de las acciones de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las cuatro leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional, así como de las manifestaciones expresadas por si titular, Luis Raúl González Pérez.

Mediante un comunicado conjunto ambas instancias expresaron su convencimiento de que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que el Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la reforma publicada el pasado 26 de marzo del año en curso.

Argumentaron que contrario a lo planteado por la CNDH no existió omisión legislativa por parte del Congreso, pues dichas leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en el artículo Cuarto Transitorio de la Reforma Constitucional, en donde se establecen los elementos mínimos que cada Ley debe de contemplar.

Por lo anterior advirtieron que respaldarán con argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la validez de todos y cada uno de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos y formas que establece la ley.

Además destacan la importancia del proceso de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional que fue inédito, por los niveles de consenso obtenidos, al contar con el aval de los treinta y dos congresos locales.

Las cuatro leyes fueron materia de un proceso histórico, tanto en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados ya que fueron aprobadas por una mayoría absoluta.

Los proyectos que dieron origen a las iniciativas de ley que más tarde se aprobaron, fueron producto de un arduo proceso de análisis que duró varias semanas en una mesa de redacción donde estuvieron representados todos los grupos parlamentarios.

Cabe señalar, que la formulación de las leyes materia de la controversia tienen un estricto apego a la Constitución y a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Por último se subraya que en el caso específico de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones consisten en ordenamientos sin precedentes, que regulan a todas las Instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el país.