Estudiante de Prepa 8 fue víctima de desaparición forzada

Su familia tendrá derecho a una indemnización y reparación del daño.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que el joven Marco Antonio, estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, fue víctima del delito de desaparición forzada cuando en enero de 2018 estuvo desaparecido, luego de que policías lo acusaron del robar un celular y lo detuvieron.

Cómo se recordará Marco Antonio se encontraba con otro compañero en la terminal del Metrobús Rosario cuando dos policías se acercaron y lo detuvieron, sin que lo hubieren puesto a disposición de la autoridad ministerial competente.

El joven estuvo desaparecido cinco días y la PGJ inició una carpeta de investigación por los delitos de extraviado y ausente, pero posteriormente el joven fue hallado en el Estado de México. Sin embargo, por la condición física y mental en que fue encontrado tuvo que ser canalizado para atención psiquiátrica.

Ante esta situación, los padres promovieron un amparo para demandar que el caso se investigara por desaparición forzada, por lo que Juan Alfredo Buendía Rodríguez, secretario de juzgado y encargado de despacho, concedió el amparo a la familia de la víctima en enero de 2019.

Las autoridades capitalinas interpusieron un recurso de revisión y sobre éste, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal falló a favor de Marco.

En su resolución el órgano impartidor de justicia menciona que las autoridades que conocieron de estos sucesos tenían elementos "razonables" para sospechar que el adolescente había sido sometido a desaparición forzada.

"Por tanto, con independencia de que no se formulara denuncia, estaba obligada a iniciar una investigación del caso de manera oficiosa, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva, conforme a las disposiciones convencionales señaladas y el criterio de la Corte Interamericana, el que es obligatorio por todas las autoridades. Pero ello no lo cumplió" enfatiza el resolutivo.

El tribunal subrayó que, ante hechos de desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas.

Por lo anterior la familia del menor de edad tiene derecho a la reparación integral del daño y a una indemnización, justa y adecuada, por la violación de derechos humanos.

Además en esta misma sentencia se ordenó a los policías Hubel Mora Gallardo, Juan de la Rosa Guzmán, Martín Jesús Martínez González y Ricardo Flores Trejo, quienes estuvieron involucrados en estos hechos, que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no acudir a los lugares donde habitan, trabajan, estudian o realizan sus actividades, tanto el menor como sus padres. Así también deberán asistir a cursos de capacitación sobre derechos humanos..

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