Se investigará y castigará campaña negra en contra de AMLO

El Gobierno Federal presentará una denuncia por la “guerra sucia” que vivió el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador en la campaña

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Este jueves el Gobierno Federal presentará una denuncia por la “guerra sucia” que vivió el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador en la campaña 2017-2018, esto fue lo que dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto.

Durante la “mañanera” indicó que las quejas serán por la serie “Populismo en América Latina” realizada por Alejandro Jesús Quintero Iñiguez dueño del Bufete de Proyectos de Información de Análisis SA de CV, que entre sus accionistas tiene a Federico y Ariel Barrueto Pruneda relacionados con el PRI, Ariel además vinculado a actos de corrupción en el ayuntamiento de Torreón Coahuila y también a Javier García Mata, quien además del productor del documental, es accionista de la empresa Piña Digital S. de RL de CV. SA, responsable del proyecto.

“El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras, orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie el Populismo en América orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y por otro lado la empresa vinculada con el señor Piña… la las reformas constitucionales de 2007 y 2014 establecieron las bases de las características actuales del sistema electoral mexicano, se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos”.

Entre las empresas que participaron en el pago del documental, se encuentran CONAXIS SA de CV que recibió del Consejo Mexicano de Negocios más de 96 millones de pesos, a su vez esta envió a Piña Digital más de 18 millones y otros 34 a favor de Martha Matilde Mejía responsable de remitir a Alejandro Jesús Quintero 418mil dólares. Se detalla que OHL México, empresa que recuerda fue relacionada con el desvío a favor de campañas del PRI, otorgó 186 millones de pesos y Servicios Administrativos Peñoles SA de CV que destinó 14 millones.

“La ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales, primero de recursos procedentes de la delincuencia organizada, segundo por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley pero tercero cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral atendiendo al principio que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado, por tanto se dará por un lado vista al instituto Nacional Electoral para efecto de que en Ejercicio de sus facultades de fiscalización, determine lo que conforme a derecho corresponda y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación”.

Se indicó que la empresa de Alejandro Jesús Quintero se ocupó también para desviar recursos de Sedesol y de Sedatu cuando Rosario Robles se encontraba al frente.

“No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue el apoderado legal de la empresa Tele Personal y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes del Bufete de Proyectos de Información y Análisis, el Sistema Financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada y hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental”.

También refiere que otro de los participantes fue la coordinación de Programas de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México que en junio de 2017 entregó dos millones 500 mil pesos. Así como el gobierno de Veracruz, entre 2013 y 2014. Aunque dijo, las penas podrían ser de risa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que es un caso que reivindica a Nieto Castillo.

“Fue cesado entonces esta es una reivindicación pública… sí existe desde luego, sanción, si se demuestra, se prueba que son cierto los hechos, nada más que son sanciones leves, que causan risa”.

Según Santiago Nieto, los inculpados podrían tener una penalización de seis meses a tres años de prisión, con libertad bajo fianza, precisó que, si el asunto se oficializa en caso de declararse culpable, se podría tener un acuerdo preparatorio económico.

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