El empresario que aprovechaba un permiso de Pemex para vender huachicol

Pagaba más de 5 millones a un cártel para robar combustible y venderlo bajo su infraestructura legal

Los últimos años de la empresa Petrobajío, ubicada en Salamanca, Guanajuato, fueron muy oscuros. El negocio legalmente establecido comenzó a pagar más de 5 millones de pesos al Cártel del Golfo para robar combustible, o huachicol.

El empresario Martín Jiménez Silva, detenido en 2014, aprovechaba una concesión de Pemex Refinación para el traslado de combustibles desde los puntos que le fijaran hacia los destinos también establecidos por Petróleos Mexicanos. Por sus servicios Petrobajío cobraba 5 millones de pesos mensuales.

Pero algo se torció en el negocio y Jiménez Silva expandió su ambición hasta tener como empleados a una organización criminal que operaba en Tamaulipas.

Los narcos pagados por el dueño de Petrobajío robaban desde tomas clandestinas en Altamira, Tamaulipas. En ese mismo estado, además de Guanajuato y San Luis Potosí montó pensiones y parques vehiculares para facilitar el transporte del huachicol.

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Las unidades viajaban sin inconvenientes gracias a una red de sobornos a las autoridades policiales, a quienes se les entregaban cuotas mensuales para permitir el libre tránsito de los camiones rotulados con el logotipo de Petrobajío.

Los vehículos plenamente identificados por los agentes corruptos llegaron a movilizar al menos 4 millones de litros mensuales de hidrocarburo.

Para dimensionar ese número, en diciembre de 2018 la policía estatal de Hidalgo informó que en dos años recuperó 4 millones 116 mil 212 litros de combustible robado, esto es casi equivalente a lo que Petrobajío movilizaba en tan sólo un mes.

El huachicol era vendido a un menor precio que el oficial en los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato a empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras entre otros negocios que requerían de combustible para su operación.

El ocaso de Martín Jiménez Silva y Petrobajío

Juan Carlos González Muro fue el propietario de Petrobajío hasta que Martín Jiménez Silva compró la empresa en enero de 2013.

Bastaron unos mese para que la compañía concesionada por Pemex entrara a la mafia del huachicol.

El 7 de marzo del 2014 ocurrió el primer descalabro. Uno de los traileros había sido detenido en Silao, Guanajuato, a bordo de un tractocamión que contenía 40 mil litros de petróleo.

Unos meses después, el 12 de septiembre del mismo año, agentes federales descubrieron tomas clandestinas de oleoductos asegurando 4 tractocamiones, tres de ellos con una capacidad de 40 mil litros y un full de capacidad de 50 mil litros.

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El golpe final a la organización de Martín Jiménez Silva ocurrió el 25 de septiembre del 2014 cuando catearon inmuebles de su negocio ilegal. En esa redada fue capturado junto con 4 de sus principales operadores.

En el operativo fueron aseguradas Petrobajío y la empresa Translesa, también de su propiedad, además de cuentas bancarias.

En los diversos puntos se encontraron 35 tractocamiones de doble pipa con una capacidad de 60 mil litros, 22 tractocamiones de una pipa con capacidad de 30 mil litros y 43 pipas con capacidad de 40 mil litros, 16 tractocamiones, 3 dollis, una plataforma, 32 teléfonos celulares, 7 autos, 40 computadoras, tres armas y 605 mil pesos en efectivo. Todo esto fue asegurado junto con los dos inmuebles donde se realizaron los cateos.

Martín Jiménez Silva fe recluido en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su hermano Evaristo Jiménez Silva, Julián Aguilar Maya, Carlos Ramón Arellano Velasco y Alejandro Arreaga Guillen, también arrestados en el mismo operativo, fueron ingresados al mismo penal.

“Estamos en camino de encontrar a todas las empresas que se dediquen a este negocio”

A finales de septiembre Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció una conferencia para anunciar la captura de esta banda dedicada al robo de combustibles.

En la rueda de prensa lo acompañaban Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Emilio Lozoya Austín, director general de Pemex.

Murillo Karam afirmó aquella vez ante los medios: “estamos ya en camino de encontrar a todas las empresas que se dediquen a este negocio, por llamarlo de alguna manera, este acto delictivo en términos precisos, para lograr su detención y que no sangren la economía de Pemex y, por consecuencia, la economía del país.”

Sin embargo, dos años después de sus palabras, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 encontró que Pemex "no cumple con la meta de reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas en el ámbito nacional […] ni muestra avances positivos en su estrategia integral de seguridad en lo concerniente a la prevención de actos ilícitos en materia del robo de hidrocarburos.”

El informe de la ASF detalla que “en 2016, se continúan reportando pérdidas por robo de hidrocarburos, por un costo promedio diario de 54 millones 556 mil 800 pesos, lo que representaría una pérdida anual de 19 mil 640 millones 373 mil 800 pesos, mayor en 3 mil 983 millones 175 mil pesos respecto de 2015.”

Contrario a las declaraciones de Murillo Karam, el problema se ha agravado e incluso se ha revelado una red interna que involucra a funcionarios de Pemex dedicada al robo de combustible.

Meses después se supo que Petrobajío también operaba en Michoacán.

 

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