4 de cada 10 víctimas en México se sienten amenazadas durante un proceso penal

México

En nuestro país cuatro de cada 10 víctimas dijeron sentirse en riesgo o amenazados durante un proceso penal, mientras que el 44% de las personas sentenciadas fueron presentadas ante un juez de ejecución al ser privados de su libertad y el 45% nunca acudió ante él.

Al presentar el reporte "Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio", un primer acercamiento para medir la situación de los derechos humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la directora general de la organización "México Evalúa", Edna Jaime, dijo que el propósito del estudio fue saber si el nuevo sistema penal acusatorio ha contribuido a mejorar la protección de los derechos de las víctimas así como de las personas acusadas de algún delito.

En ese sentido, dijo que sigue habiendo una desconfianza en el sistema penal, hoy 9 de cada 10 víctimas no denuncian. Del 10% de los mexicanos que si acude ante la autoridad, solamente en el 50% de las víctimas que denunciaron dijeron que no sucedió nada como resultado de la investigación, solo el 49% se siente satisfechos con el trato del sistema penal.

"Este país cambiará el día que el ciudadano pueda denunciar un delito y tenga el apoyo de las autoridades", expresó la activista.

En su oportunidad, María Nova, coordinadora del estudio, explicó que esta encuesta fue implementada en dos estados de la República, Guanajuato y Querétaro; se realizaron 346 entrevistas tanto a víctimas como a personas privadas de la libertad sentenciadas por diversos delitos, en centros penitenciarios y centro de atención a víctimas.

Las víctimas permanecen invisibilizadas en el sistema de justicia penal, consideró María Novoa quien enfatizó que la protección de derechos de víctimas e imputados es como un juego de suma cero: "cuando se vulneran los derechos de una de las partes no implica mayor protección de la otra parte, sino que nos habla de las deficiencias y vicios institucionales".

Si bien, por las condiciones en las que se dio el método de muestreo, los resultados de la encuesta no pretenden ser representativos de la población de víctimas e imputados, este primer acercamiento permite identificar aprendizajes relevantes, tanto para la realización de este tipo de estudios, como sobre la experiencia de los usuarios del sistema, dijo la coordinadora del estudio.

Así, entre los hallazgos destacan las deficiencias en los mecanismos de asesoría, atención y reparación integral a las víctimas. Al observar que los recursos provistos por el Estado imponen trabas burocráticas y no se están ejerciendo, llamaron a agilizar y simplificar el ingreso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) para posibilitar procesos de atención, acompañamiento y reparación oportunos.

El reporte también da cuenta de un desconocimiento por parte de las víctimas sobre la figura del asesor que les puede acompañar durante el proceso, y de que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y de los fondos de ayuda no han cumplido con garantizar los derechos de éstas en el proceso.

Por ello, en el reporte se recomienda revisar y, en su caso, rediseñar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; asegurar la coordinación efectiva entre ésta, las Comisiones Estatales y los operadores del sistema; y operar efectivamente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Por parte de los imputados, se destaca que persisten deficiencias y vicios en la operación de los procesos penales que propician violaciones a sus derechos humanos. Una manifestación de este problema es el mínimo uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que una medida importante será consolidar las unidades de seguimiento que podrían incentivar el uso de estos mecanismos.

También se alerta respecto a que el momento de la detención es el punto crítico del proceso penal, ya que las entrevistas dan cuenta de que en las horas siguientes a ésta se producen las mayores violaciones a los derechos humanos y hay una mayor propensión a actos de corrupción. Ante esto, además de insistir en el fortalecimiento de capacidades de los operadores, recomiendan mejorar los mecanismos de denuncia y seguimiento de los actos de tortura y malos tratos.

Las autoras también concluyeron que el ámbito penitenciario continúa como uno de los temas con mayores rezagos del proceso de cambio iniciado en 2008; la encuesta indica un desconocimiento por parte de los sentenciados respecto a la función del Juez de Ejecución Penal y de los mecanismos disponibles para proteger sus derechos durante la reclusión.

En la presentación de Derechos de los Usuarios en el Sistema de Justicia, estuvieron presentes también Rubén Francisco Pérez Sánchez, Director General de Asuntos Jurídicos de la CNDH; Jorge Ordoñez Escobar; y Ana Dulce Aguilar, Directora del Instituto de Justicia Procesal Penal.