“Nos fallaron las autoridades” acusan padres del Rébsamen

Padres y familiares de los 19 niños y siete adultos que fallecieron en el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, por el sismo del 19 de septiembre de 2017, siguen demandando justicia a casi un año de la tragedia.

En la presentación del informe Responsabilidades del Sismo del 19S, respaldados por la Barra Mexicana Colegio se Abogados y por la organización Impunidad Cero, los padres de los menores exigieron castigo para los responsables que incurrieron en actos de corrupción y omisiones que pudieron prevenir la tragedia.

En conferencia de prensa, Ana Velázquez, Fernando Flores y Óscar Contreras, padres de algunas de las víctimas, señalaron que a través de una acción colectiva en la que participan 87 demandantes, buscan que se les haga justicia y así sentar un precedente para evitar que ocurra otra tragedia similar.

Óscar Contreras, padre de uno de los menores, explicó que recientemente se realizó la remoción de escombros y encontraron evidencia de que cada losa pesaba seis toneladas "tenía un sobrepeso increíble, eso provocó que colapsara con el movimiento".

"Buscamos que las autoridades nos ayuden a encontrar a las personas responsables, detectamos a más dueños, instituciones que a un año no tienen castigo" señaló el señor Contreras.

Los padres de los niños , recordaron que peritos determinaron que el colapso del Rébsamen no fue provocado por el sismo, fue un factor, pero lo que realmente afectó fue daños estructurales de origen en la construcción y omisiones que permitieron la construcción de un cuarto piso que generó sobrepeso en el inmueble.

Antonio Alvarado, investigador de la organización Impunidad Cero, presentó un estudio en el que detallan el nivel de la responsabilidad de todos los actores involucrados, desde el jefe de Gobierno, en ese entonces Miguel Ángel Mancera, la administración de la delegación Tlalpan, los Directores Responsables de Obra (DRO), Corresponsables de Seguridad Estructural (CSE), hasta directivos y dueños de la escuela.

Ahora, con la acción colectiva interpuesta buscan, además de una reparación por daño moral y castigo a responsables, que se obligue a las autoridades a hacer una revisión y certificación de escuelas de las que ahora no se sabe su estado.

Con información de Verónica Méndez