Por cada peso legal hay 15 ilegales en las campañas electorales
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores presentan informe Dinero bajo la Mesa
Por cada peso legal hay 15 ilegales en las campañas electorales / FOTO: Especial
México
Con la exigencia de que haya sanciones para quien no ejerza el voto y así acabar de tajo con el clientelismo electoral, donde se termina hasta lavando dinero, se presentó el Informe Dinero Bajo la Mesa.
Dinero Bajo la Mesa, fue coordinado por María Amparo Casar presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE).
De acuerdo con el informe, los candidatos a gobernador gastan en promedio diez veces más de los topes legales que impone el INE para la realización de su promoción en campañas electorales.
Mientras el órgano electoral ha puesto un límite promedio de 46.8 millones de pesos, una estimación de los gastos que no reportan ronda los 470 millones en promedio.
En México el voto es obligatorio, pero no tiene sanciones para que se haga efectivo. Por ello, los creadores del reporte Dinero Bajo la Mesa, propusieron sanciones para los ciudadanos que no ejerzan su sufragio, con miras a acabar con la infraestructura del clientelismo electoral.
Luis Carlos Ugalde, explicó que esta es una medida “inteligente y eficaz” para “romper los cimientos de la lógica del clientelismo electoral”.
El director de Integralia Consultores destacó también que el financiamiento ilegal tuvo uno de sus orígenes en la búsqueda de erradicar los fraudes electorales en México desde los años 70 y por ello aumentó el presupuesto para campañas electorales a fin de evitar que los partidos políticos no buscaran vías fuera de la legalidad para la realización de sus campañas.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal identificadas en la investigación corresponden al desvío de recursos públicos, mediante recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina; el uso de programas sociales; entre otros.
Estas prácticas de financiamiento que no son reportadas a la autoridad electoral, implica, la comisión de delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones a través de empresas fantasma, así como la compra de coberturas en medios de comunicación.
