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Diputados dan salida a la Ley de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental

Este dictamen no convenció a la oposición que acusó al Congreso de aprobar una Ley Chayote para medios que estén a favor del Estado

Con los partidos de oposición en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, con la que se pretende evitar cualquier exceso en publicidad oficial en los medios de comunicación.

Con 205 votos a favor y 168 en contra avanzó el proyecto que plantea una única ley de Comunicación Social en el territorio nacional que garantice que el gasto en la materia se haga con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio de los presupuestos de egresos.

Este dictamen no convenció a la oposición que acusó al Congreso de aprobar una Ley Chayote para medios que estén a favor del Estado, incluso Rafael Hernández Soriano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó el motivo por el que no se implementara esta ley en este periodo electoral.

"Están proponiendo que entre en vigencia esta ley hasta el 2019 es decir que se brinque el proceso electoral más importante en las últimas décadas en nuestro país, para que continúen sí en cambio, con esa política perversa de beneficiar a los medios que estén cerca del príncipe y de asfixiar financieramente con la crítica, es institucionalizar la política del ominoso chayote en los medios de comunicación".

Jorge Triana, de Acción Nacional, calificó al dictamen como una copia de la propuesta del Revolucionario Institucional, dando la espalda a la sociedad civil al no dar criterios claros para el otorgamiento de recursos, ni contemplando sanciones exactas con excesos en tiempos de la imagen del Presidente.

"Le estamos dando el avión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una simulación lo que se pretende votar el día de hoy. Las leyes que nosotros aprobemos o modifiquemos deben ser con cargo al Estado, deben ser para ponerle límites al poder de la autoridad, límites al poder del gobierno, límites al poder del Estado, estamos dando manga ancha al gobierno para sobre empoderarse, para sobre publicitarse".

Los legisladores criticaron que en lo avalado no se haya fijado un tope del gasto presupuestal para la comunicación social ni la propaganda, el príísta Arturo Huicochea explicó el motivo.

"Ciertamente no establece topes al gasto público porque establecer el tope incentiva el agotamiento del recurso, el gobierno puede y debe gastar incluso menos que cualquier porcentaje que fijemos de manera rígida en la ley, es mejor un régimen flexible siempre a la baja. Sí hay sanciones pues remite a la legislación respectiva, sea la civil, sea la penal, la que se requiera".

Macedonio Tamez, de Movimiento Ciudadano, advirtió que es peligrosa la atribución a la Secretaría de Gobernación, quien administrará el uso de los tiempos del Estado y los fiscales además de encargarse del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que pretenden participar en la contratación.

"Se pone y vaya que a este dicho no le daré connotaciones religiosas, se pone la iglesia en manos de Lutero, se deja a Gobernación como secretaría administradora, así lo dice textualmente. Dándole facultades para llevar el padrón, para registrar programas, para autorizar planes, para manejar el presupuesto, de tal manera que es peor la omisión que la acción que se va a tomar autorizando esta atrocidad legar y política".

Virgilio Caballero, de Morena planteó que con la Ley se permita que el Estado siga ejerciendo actos de censura sobre los medios.

"Es necesario señalar una vez más que en México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial, ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión".

En la discusión Abel Cruz, de Encuentro Social, opinó que la ley es omisa en garantizar equidad en los medios comunitarios e indígenas. Ernestina Godoy Ramos, de Morena, propuso modificar el proyecto para que en ningún caso en la publicidad de gobierno se incluyan nombres, símbolos o todo aquello que promueva al servidor público, sin embargo, fue rechazada junto a más de 60 reservas.

Entre otras cosas la iiciatativa que se envió al Senado limita el contenido de la comunicación social para que sea de carácter institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social, además que deberá respetar la libertad de expresión la diversidad social y cultural de la nación, contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres y prohibiendo mensajes que ataquen a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o que provoquen algún delito o perturben el orden público. También se ponen límites de publicidad en tiempo electoral.

Mientras los diputados discutían el tema, fuera de San Lázaro un grupo de manifestantes contra los altos costos de energía eléctrica pusieron su granito de arena y en tono del ropavejero, demandaron así medios libres.

"Se compran portadas, columnas, líneas editoriales, medios de comunicación o algún pre candidato que tengan. Queremos medios libres, periodistas imparciales y mexicanos que no se vendan".

Con esto los legisladores dieron un paso más para cumplir con el mandato de la Suprema Corte para legislar en la materia antes del 30 de abril.

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