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Impunidad y violencia de guías piratas a turistas en Riviera Maya

Reportaje de Victor Sandoval

 Por: Victor Sandoval

Luego de conocer la situación en la Rivera Maya, principalmente en Akumal y Tulum, donde los vendedores ambulantes se han apoderado de las playas de manera ilegal al fijar costos excesivos por nadar en areas publicas para disfrutar del avistamiento de la tortuga marina; autoridades municipales y empresarios hoteleros mantienen otro conflicto judicial desde junio de 2016.

En estas playas prevalece la impunidad y la violencia, incluso aun con la existencia de un fallo contra el ayuntamiento emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo, para que la alcaldesa Romualda Dzul Caamal restituya de inmediato el daño a los hoteleros al invadir una area de jardin para convertirlo en paso peatonal donde operan los ambulantes .

De acuerdo con Javier de Anda representante legal de los hoteleros, a, la relación entre ambulantes, cabildo y otros ex servidores públicos, ha sido el motivo de no hacer vale la ley a tal grado de desechar citatorios de un Juez.

Entre los involucrados –se sabe- están Jorge Armando Angulo, primo del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y quien se le considera principal dirigente de organizaciones de comerciantes informales en Quintana Roo.

También se encuentra Gilberto Ángeles Mora, brazo derecho del recién detenido Gabriel Mendicuti Loria, quien era el exsecretario de Gobierno estatal; así como siete personas más quienes –se sabe- brindan protección política y policial a los informales.

Así lo explica el litigante.

“El tema es la relación con los prestadores de servicios que realizan comercio informal en Akumal. En abril de 2016 acordaron despojar la propiedad a un hotelero para abrir el camino, lugar donde hasta el día de hoy se actúa manera impune, el acoso a los turistas a fin de venderles un acceso gratuito. Todo ello amparado en relaciones entre funcionarios públicos, entre ellos Armando Angulo Cazares, primo del exgobernador Roberto Borge”, sostuvo.

El abogado ha reiterado el temor que padecen los empresarios al recibir amenazas de quema de hoteles por parte de los comerciantes informales; y prueba de ello es que hace unos meses incendiaron unas palapas y dos patrullas, cuando se supone realizarían una marcha pacífica para exigir la regularización de sus actividades.

“Cuando una marcha supuestamente pacífica derivó en la destrucción del Centro Kana, donde con bombas molotov quemaron patrullas e hirieron a un comandante de Seguridad Pública. Quemaron la delegación del poblado de Akumal. Los autores fueron identificados y denunciados, pero a la fecha y aún con pruebas contundentes, la carpeta no pasa del estatus de investigación presumiblemente por los nexos de exfuncionarios relacionados con el exgobernador Roberto Borge que se sabe –aún cuando está detenido- tiene el control en este y otros municipios”.

Por su parte, Mark Jay Tippetts, director jurídico de Hoteleros de Akumal, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, en especial a las autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Turismo (Sectur), Secretaría de Marina (Semar) o Policía Federal, para resguardar a la bahía, dejando en claro que ellos no tienen interés de controlar el acceso al nado con tortugas, toda vez que su actividad es la hotelería, pero la operación de los informales –señaló- los ponen en riesgo por falta de garantías de seguridad.

“Cada vez crece más la violencia, los pleitos crecen, la inseguridad crece, los turistas se retiran del lugar, nuestras funciones son otras y no manejamos el nado con tortugas. No estamos opuestos al nado con tortugas, es algo que atrae a muchas personas, es algo que debe ser muy controlado con reglas estrictas, con diferentes departamentos ambientales, PROFEPA y demás, para regular y controlarlo”.

Finalmente, hay que recordar que el litigio entre cabildo, empresarios y organizaciones de informales fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción del estado, debido a la indiferencia del ayuntamiento, lo que pudiera derivar –si el juez así lo considera- en solicitar la destitución de la alcaldesa a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato a la autoridad.

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