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Ingresan a Borge a penal en Morelos

El ex gobernador de Quintana Roo permanecerá en prisión preventiva justificada en el Cefereso número 16, en Morelos

Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo, llegó al Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Ayala, Morelos, luego de que un juez de control le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y determinó que deberá permanecer en prisión preventiva justificada.

Tras poco más de 14 horas de audiencia en las que los representantes del Ministerio Público Federal expusieran los datos de prueba, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, José Artemio Zúñiga, resolvió la madrugada de este viernes, vincular a proceso al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El impartidor de justicia determinó además que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso.

La medida cautelar, solicitada por la PGR ante el riesgo de fuga del ex mandatario, deberá cumplirse en el Cefereso número 16 del estado de Morelos. El juzgador ordenó que Borge sea trasladado al centro de rehabilitación psicosocial donde ser atendido de una "profunda depresión y ansiedad", así como de problemas renales que argumentó su abogado.

Roberto Borge Angulo está acusado por el delito Federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes de territorio mexicano con conocimiento que estos proceden de una actividad ilícita.

En esta primera audiencia, la autoridad ministerial señaló que estas actividades ilícitas se realizaban desde abril de 2011 a septiembre de 2016, período en el que Borge Angulo fue gobernador de la entidad.

Durante la formulación de acusaciones, los fiscales argumentaron que Borge actuó en coautoría con familiares y su círculo más cercano, entre ellos su propia madre, para nombrar a Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres entre otros a través de Testaferros y empresas fachadas.

Dichos predios, de acuerdo a las autoridades, primero fueron adquiridos y después vendidos en 238 millones 790 mil 121.98, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15. Es decir hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.

El desfalco es equivalente al presupuesto anual de 2017 para el pago de nómina de todos los integrantes de las fuerza armadas.

Sin embargo, sólo se pudo comprobar que de los 22 predios, pretendieron ocultar tres transacciones por las empresas fachadas. Las 19 restantes fueron aseguradas.

Estos fueron adquiridos y después vendidos también a un costo de 17 millones 357 mil 455.88 cuando el valor real era de 129 millones 235 mil 235, es decir una diferencia de 111 millones 877 mil 759 pesos de quebranto.

Las acusaciones en contra del ex mandatario las realizaron Roxana Lilí Campos Miranda, consejera jurídica del ejecutivo del estado de Quintana Roo; Carlos Flores Hidalgo, director General del Instituto del Patrimonio de la entidad y Ángel Vargas Mitre, director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Cabe destacar que el juez de control decretó a lo largo de cinco horas, varios recesos, debido al mal renal que padece el ex gobernador lo que lo obligó a ir varias veces al sanitario.

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