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A pesar de amparo se llegará a las últimas consecuencias en caso Odebrecht

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseguró que en torno al caso hay "nuevos hallazgos que darán lugar a más procedimientos sancionatorios"

Advierte la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, que el amparo judicial que impide a la dependencia a su cargo emitir sus resoluciones respecto a las investigaciones sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht, no evitará que se llegue hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables.

Aunque sin aportar ningún tipo de dato o cifra, la secretaria Gómez González aseguró que en torno a Odebrecht hay "nuevos hallazgos que darán lugar a más procedimientos sancionatorios.

Cuestionada por los congresistas respecto a si la Función Pública encubrirá a quienes están en investigación, como el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, la secretaria fue enfática al decir que no habrá encubrimiento de ningún tipo y si algún integrante de la Función Pública tuviese algún tipo de responsabilidad en ello, se iniciarían las indagatorias correspondientes.

Antes de que le preguntara, la funcionaria hizo referencia a otros dos casos en los que la Función Pública ha intervenido: el socavón del Pasó Exprés, en Cuernavaca, Morelos; y la "Estafa Maestra", que involucra contratos de servicios otorgados a universidades estatales, a través de los que se han desviado recursos públicos.

Sobre el Paso Exprés, pidió tener la certeza de que serán castigados los responsables y detalló que al finalizar la auditoría realizada por la Función Pública, se hicieron 22 observaciones, con el fin de aclarar el uso de mil 34 millones de pesos.

En cuanto a la "Estafa Maestra", reiteró que desde octubre de 2016, cuando asumió el cargo, se dio seguimiento a la entrega de dichos contratos, se instruyó a reforzar a vigilancia en torno a licitaciones públicas.

También se recomendó que no se abuse de la contratación de universidades, que a su vez se involucraron en la subcontratación de otras empresas.

En consecuencia, abundó, el monto de los recursos utilizados en ese tipo de contrataciones irregulares bajó de 12 mil 905 a 95 millones de pesos; mientras que el número de contratos de ese tipo se redujo de mil 458 en 2014 a 105, al día de hoy.

De igual modo, por esos hechos han sido sancionados tres servidores públicos, se han iniciado nueve procedimientos administrativos contra igual número de funcionarios, aunado a que hay otros 44 servidores públicos en investigación.

Respecto al nombramiento pendiente del Fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados en materia administrativa, recalcó que se trata de un asunto a resolver en el Senado de la República e hizo votos para que puedan ser nombrados a la brevedad.

La falta de dichos funcionarios, dijo, no significa que el Sistema Anticorrupción no esté funcionado, porque hay áreas específicas en la Procuraduría General de la República (PGR) que investigan casos de corrupción de servidores públicos, de modo que los temas se están trabajando ahí.

Indicó que cuando el Fiscal Anticorrupción sea nombrado, los temas que trata la Unidad de Servidores Públicos de la PGR, le hará entrega de los expedientes que tenga en su poder hasta ese momento.

Cuando el seguimiento a casos de corrupción que involucre a funcionarios se consoliden, es decir, las investigaciones avancen y se haya dado vista la PGR, las respectivas resoluciones se darán a conocer.

Añadió que el Tribunal de Justicia Administrativa está funcionando, pero ojalá que ya se pudieran hacer los nombramientos de los magistrados especializados.

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