Frena suspensión definitiva del poder judicial la primera sanción administrativa a la empresa Odebrecht

Se abrieron 8 procedimientos, 4 contra la empresa, 2 contra sus representantes legales y 2 contra servidores públicos

La Secretaria de la Función Pública fue notificada este martes por el Tribunal 4º colegiado en materia administrativa, de que concedió a la empresa brasileña Odebrecht y sus asociados en México, así como a sus representantes legales, una suspensión definitiva, para que esta dependencia no pueda emitir las 3 resoluciones sancionatorias administrativas que tenía listas para inhabilitarla hasta por 7 años y a sus filiales en México, que firmaron contratos públicos con Pemex y otras dependencias del gobierno federal durante la administración actual y la de Felipe Calderón.

Lo anterior, independientemente de la vía penal que dejó lista Raúl Cervantes antes de renunciar a la PGR.

Dicha resolución se relaciona con el amparo 1333/2017 que el juez 6o en materia administrativa concedió a la empresa, que se inconformó por la determinación de la Función Pública de rechazar una serie de alegatos y recursos que fueron presentados de forma extemporánea como parte de su defensa, para evitar una sanción.

La suspensión, concedida a la empresa brasileña y sus asociados en México, así como a sus representantes legales, sienta un mal precedente pues impide que nuestro país fuera el primero en sancionar directamente a la empresa y no sólo a los funcionarios de diversos países que se vieron involucrados en esta red de corrupción, dada a conocer por la SEC de Estados Unidos, con la colaboración de FBI.

De acuerdo con datos proporcionados por fuentes de la función pública, se abrieron 8 procedimientos, 4 contra la empresa, 2 contra sus representantes legales y 2 contra servidores públicos, de los cuales 5 están en marcha y estos 3 ya resueltos y lista la resolución correspondiente.

Además, se tienen detectados daños al erario público por pagos en exceso o sobreprecios en la ejecución de los contratos por al menos 119 millones de pesos.

A la secretaría de la función pública le llevó 9 meses integrar las investigaciones y concluir estos procedimientos sancionatorios, pero llama la atención que el magistrado del tribunal que concedió la suspensión definitiva esta de licencia médica hasta el 24 de octubre y cuando se emitió su resolución estaban solo el secretario de acuerdos y el proyectista.

La resolución judicial sólo retrasará la sanción a la empresa, ya que la Función Pública recurrirá a esta sentencia, aunque el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiera ser la última instancia para resolver de fondo dicho amparo, si el colegiado no lo hace.

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