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#GobiernoEspía a periodistas y activistas de Derechos Humanos en México

Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y otros comunicadores, presentaron una denuncia penal ante la PGR por estos hechos

Por Zaira de la Rosa

Una investigación realizada por el diario New York Times reveló 76 casos de intentos de espionaje, por medio del malware Pegasus, en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esto se dio a conocer gracias a un informe elaborado en conjunto por The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la organización internacional Article 19.

Durante estos intentos de espionaje ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, las personas recibieron mensajes con enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus, un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos.

En los últimos años dicha investigación ha reunido evidencia de que la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia, lo han adquirido.

Entre los periodistas que se han visto afectados por este espionaje se encuentran Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, su hijo y su equipo de comunicadores; así como también, Salvador Camarena y los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción.

Otros de los objetivos del gobierno en este espionaje son Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos 'Miguel Agustín Pro Juárez', que ayuda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y dos abogados más  de su equipo; así como el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas y su esposa.

Los momentos clave en que los periodistas y activistas recibieron estos mensajes de texto fue cuando trabajaban en casos de violaciones graves de Derechos Humanos y corrupción, como fueron las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y Tanhuato, las violaciones de Atenco, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, la Ley General 3 de 3, así como la investigación de Panama Papers. 

Esta tarde en conferencia de prensa, los periodistas declararon que presentaron una denuncia penal ante la PGR y una solicitud de medidas ante la Comisión de Derechos Humanos, donde exigieron se investigue exhaustivamente este espionaje.

En respueta, el gobierno mexicano envió una nota aclaratoria al NYT, donde aceptó que realiza “actividades de inteligencia”, sin embargo rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.

De acuerdo a las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente; informó la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

La organización indicó que los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos, por lo tanto se deberá llevar a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados, así como el castigo a todos los responsables intelectuales y materiales.