Al menos 22 civiles fueron ejecutados en Tanhuato, señala la CNDH; Renato Sales lo niega

El organismo nacional sostiene además que no es verídico el reporte de la Policía Federal sobre su operativo donde perdieron la vida 42 civiles y uno de sus elementos

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que durante los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, 22 de los 42 civiles muertos, fueron ejecutados extrajudicialmente y se evidenció violaciones graves a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales.

En conferencia de prensa, presentó los resultados de la investigación llevada a cabo por la institución sobre los hechos en el Rancho del Sol, el 22 de mayo del año pasado, donde también murió un policía federal y otro resultó lesionado.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda lo siguiente: al Comisionado Nacional de Seguridad colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos internos de la Comisión Nacional de Seguridad, respectivamente incluyendo los mandos que ordenaron autorizaron por la ejecución arbitraria de 22 víctimas, así como por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de cuatro personas”, dijo.

En tanto, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, señaló que en Tanhuato, la mayoría de las víctimas murió con disparos de menos de 90 centímetros.“Expertos de esta institución determinaron que las 22 personas ejecutadas arbitrariamente si bien no recibieron disparos a corta distancia toda vez que los victimarios se encontraban a una distancia mayor a 90 centímetros por tales elementos se puede señalar que incurrieron en dicha conducta”, agregó.

El primer visitador agregó que también se comprobó manipulación de evidencias, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y uso excesivo de la fuerza.

En Tanhuato no hubo ejecuciones

Minutos después, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, respondió al informe de la CNDH: aceptó plenamente las recomendaciones del organismo internacional y rechazó la hipótesis de ejecuciones arbitrarias. Además, pese al resultado de las indagatorias, reiteró que se trató de un enfrentamiento en el que los Policías Federales repelieron una agresión en su contra.

“La actuación de las fuerzas federales, fue absolutamente racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos. No creemos, pues que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias. Hay que decir también que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte. No hay ejecuciones ordinarias, ni legales”.

En torno a la refriega que se dio en el sitio conocido como ‘Rancho del Sol’, Sales Heredia insistió en que la presencia de la Policía Federal en el rancho El Sol, estuvo fundada y motivada por una denuncia ciudadana. Además, aseveró los presuntos criminales hicieron caso omiso de las indicaciones de la autoridad y dispararon contra los elementos.

“Está sentado en actas que los Policías Federales se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran. La respuesta, fue con disparos de armas de fuego. Tan es así, que se pueden observar que los helicópteros presentaban esas señales… Y el helicóptero que les decía quie brindó el apoyo presentó 3 disparos en su estructura, además de que fue amagado con un lanzamisiles”.

Acompañado del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, el titular de la CNS reiteró que la instancia a su cargo seguirá colaborando con la investigación ministerial y el procedimiento administrativo iniciado ante la PGR. Además, hizo un exhorto al Poder Legislativo para hacer ajustes al marco normativo vigente en concordancia a la realidad que vive el país.

“Para hacer un llamado al Congreso, a los legisladores, para sumar voluntades y concretar una Ley General sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Necesitamos fuerza de ley, clara normatividad, para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, que por la naturaleza de sus acciones actúen, se vean en el momento en que estén obligadas a utilizar armas de fuego, amparadas por una legislación nacional”.

Con información de Sandra Tapia y David Galván.

Cargando