Padres de los 43 se reunirán con diputados en septiembre

Guadalupe Murguía, estimó que dicho encuentro con los familiares de los jóvenes estudiantes podría realizarse la primera quincena de septiembre

Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, finalmente aceptaron reunirse con diputados federales, para hablar sobre las irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa.

La presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a este caso, Guadalupe Murguía, estimó que dicho encuentro con los familiares de los jóvenes estudiantes podría realizarse la primera quincena de septiembre.

Después de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el priista Cesar Camacho negó que los padres de los normalistas utilicen la tribuna del salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora panista propuso que los familiares acudan al Salón Verde y hablen ante cinco comisiones de trabajo, la de Ayotzinapa, la de Justicia, Derechos Humanos, Seguridad Pública, así como la de Relaciones Exteriores.

La idea, dijo, es que los padres y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Tlalchinollan y otras más expresen todas sus inconformidades con la investigación y los legisladores gestionar la atención de sus demandas.

"Entiendo que el interés de los representantes de los padres de familia es que la voz que se escuche sea la de los padres de familia, tan es así que, de alguna manera, no se está proponiendo que haya posicionamientos de grupos parlamentarios, sino que sean los padres de familia y las agrupaciones de derechos humanos que están apoyándolos y trabajando con ellos. Entonces, ese es el interés, que sea la voz que quede y la voz que se escuche, no la voz de otras instancias".

Por su parte, la diputada de MORENA, Araceli Damián, propuso que al encuentro se invite también a los titulares de la CNDH, de la comisión de Derechos Humanos de Guerrero, a un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algún funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, aunque sin derecho a uso de la palabra, a menos que los padres de familia lo autoricen.

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