Senado va por 30 años de cárcel para sancionar desaparición y tortura

Se contempla crear una Fiscalía por entidad, además de que estos delitos se van a perseguir de oficio y no prescribirán

Ante las desapariciones forzadas, la tortura, los tratos crueles y degradantes en el país, senadores de la República plantean meter a la cárcel de 10 a 20 años a los servidores públicos que cometan estos crímenes.

Pero si los ilícitos son contra niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, indígenas, migrantes, periodistas, defensores de los derechos humanos o se cometen por la identidad de género o la orientación sexual, a la condena se le agregará la mitad, por ello podrían alcanzar de 15 a 30 años tras las rejas.

También se aumentará la mitad de pena cuando los sujetos activos del delito sean o hayan sido miembros de instituciones encargadas de la seguridad pública, de las Instituciones de Procuración de Justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Cuando los autores o participes cometan el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito.

W Radio tuvo acceso al dictamen que discutirán los senadores sobre este tema y en este se establece que en cada estado de la República existirá una Fiscalía Especializada para la Atención de las Desapariciones de Personas, además de que estos delitos se van a perseguir de oficio y no prescribirán.

Serán condenados también a prisión, de cuatro a doce años, quien sin ser servidor público brinde apoyo a algún funcionario o autoridad para ejecutar el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanas o degradantes.

Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo tiempo en el que estuvo en la cárcel.

Además, se obligará al Estado a emprender un censo sobre las desapariciones en México y banco de datos sobre los casos que hoy no existe en México.

Este proyecto se va analizar en las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta y se espera que las leyes generales contra la desaparición forzada y la tortura sean aprobadas antes de que termine el mes de abril.

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