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SCJN ordena abrir averiguación previa sobre masacre de San Fernando

Los ministros de la Primera Sala reconocieron como víctimas indirectas a familiares de dos salvadoreños asesinados en 2011

 

En un hecho histórico que sienta un primer precedente para casos similares sobre violaciones graves a los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la obligación de la Procuraduría General de la República de abrir la averiguación previa a familiares de dos víctimas salvadoreñas encontradas en 2011 en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.

Así lo decidió la Primera Sala del máximo tribunal del país al amparar a la madre de Carlos Alberto Osorio y a la hermana de Manuel Antonio Alvarado, dos centroamericanos presuntamente asesinados cuyos cuerpos fueron hallados con otros 193 restos de personas que habrían sido victimadas por el cártel de ‘Los Zetas’.

Al someter a votación el tema, que obtuvo cinco votos favorables, cuatro ministros se pronunciaron por reconocer ampliamente la calidad de los familiares como víctimas indirectas tanto en indagatorias de las autoridades locales como a nivel federal, tal cual indicó el ministro Arturo Zaldívar:

“Yo estoy de acuerdo con la concesión del amparo, sin embargo, discrepo de los efectos. Desde mi punto de vista, se debe dar en efecto la concesión, tratándose de la ciudadana salvadoreña de reconocerle plenamente su carácter de víctima y, consecuentemente, otorgarle el acceso a las constancias y demás información contenida en la averiguación previa”.

Tras congratularse con la resolución, la señora Bertila Parada de Osorio, madre del fallecido Carlos Alberto, dijo que su lucha ha valido la pena si esto sirve para que el resto de los familiares de migrantes, puedan acceder a una reparación completa del daño.

“Ha valido la pena por mi hijo, y por todos los migrantes masacrados, en los 72 y 193, donde fue encontrado mi hijo. Ha valido la pena este camino arduo que he llevado y lo cual la Fundación para la Justicia me ha apoyado”.

Si bien se trata de un logro parcial, pues se rechazó el interés legítimo de la Fundación para la Justicia para acceder al expediente en representación de los familiares en el extranjero, la directora de la organización, Alma Lorena Delgadillo, destacó la trascendencia de posibilitar que los parientes puedan obtener ahora copias certificadas del caso.

“Que es muy importante que se diga que las víctimas tienen derecho a tener copias. Aunque ustedes pesaran que este puede ser un tema muy trivial, es que sin copias uno no puede litigar un caso. Entonces, esto es fundamental para que las víctimas empiecen realmente a tener una condición de mayor equilibrio, igualdad, en los casos que se llevan en investigaciones penales, sobre todo cuando están vinculadas con delincuencia organizada”.

Apenas el día martes, las familias de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas entre 2010 y 2011, procedentes de Brasil, Honduras, Guatemala y el Salvador, se manifestaron al exterior de la Corte mexicana para reclamar su derecho de acceso a la verdad y la justicia.

Cabe señalar que aún queda pendiente en la Suprema Corte un amparo que analizará la posibilidad de Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información instruya hacer públicas las averiguaciones previas cuando contengan violaciones graves a los derechos humanos.

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