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No se violan derechos humanos del “Chapo” dentro del penal del Altiplano: Segob

El subsecretario de Gobernación señaló que el último párrafo del artículo 18 de la Constitución establece condiciones especiales para personas vinculadas con el crimen organizado, como es el caso del líder cártel de Sinaloa.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, señaló que no se violan dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano los derechos humanos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Luego de que el abogado del capo, José Refugio Rodríguez Núñez y su esposa, Emma Coronel Aispuro, denunciaron que Guzmán Loera es víctima de tratos crueles e inhumanos en el penal federal, Campa Cifrián puntualizó que el último párrafo del artículo 18 de la Constitución establece condiciones especiales para personas vinculadas con el crimen organizado, como es el caso del líder del cártel de Sinaloa.

El subsecretario de Gobernación argumentó la legitimidad del uso de la fuerza en casos específicos como el crimen organizado.

“La Constitución prevé en el último párrafo de del articulo 18 condiciones especiales cuando se trata del crimen organizado son justificables en términos de este precepto constitucional, los cuidados especiales de alguien que se ha fugado dos veces de una prisión federal pareciera que sí, entonces insisto, los equilibrios en estas condiciones cuando se habla de crimen organizado”, dijo.

En entrevista, luego de participar en la entrega de los reconocimientos por la Igualdad y la no discriminación 2015, en el Museo de Antropología e Historia, el funcionario de Gobernación insistió en que en el caso del líder cártel de Sinaloa se siguen los protocolos para su vigilancia.

Con relación Sobre el informe anual de Amnistía Internacional 2015/16, Roberto Campa indicó que se trabaja para que en este periodo ordinario de sesiones se aprueben dos instrumentos que apunta Amnistía como un déficit que son la Ley de Tortura y la de Desapariciones, las cuales serán revisadas y consultadas por el Congreso de la Unión para contar con un sistema de búsqueda y un registro nacional.

“Nosotros tenemos reuniones con ONG´s nacionales e internacionales, somos receptivos a los cuestionamientos y el diseño de la política pública toma en cuenta estos cuestionamientos, pero sobre todo somos receptivos a las exigencias y a las demandas que tenemos de las organizaciones de nuestro país, en este caso de las organizaciones que tiene que ver con los temas de desaparecidos”, agregó.

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