Organización criminal de enganchadores en caso de jornaleros tarahumaras

Por David Galván.México. - Al dar seguimiento a las denuncias de trabajadores que habían logrado huir del lugar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social logró rescatar la semana pasada a más de 200 jornaleros agrícolas originarios de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero en condiciones laborales infrahumanas que habitaban en un campo agrícola de Comundú, Baja California Sur

"La investigación, que no le toca ya a la secretaría, tiene que estar muy encaminada hacia la organización criminal de enganchadores, que se dedican a buscar a este tipo de comunidades y de persona, susceptibles de ser explotadas, para que ellos tengan un beneficio personal, porque cobran por el trabajo de los demás. No son ni los empresarios, ni son las empresas que están coludidas, evidentemente, sino es un grupo de enganchadores que se dedican a labores de explotación humana".Así lo informó el secretario del rubro a nivel federal, Alfonso Navarrete PridaTambién explicó que los campesinos de pueblos tarahumaras referían haber sido sometidos a condiciones de explotación y amenazas por parte de los patrones, mientras habitaban el sitio de trabajo en casas de hule en medio de lodo y basura

Los inspectores Federales del Trabajo comisionados para indagar la situación encontraron dos campamentos, uno en Boulevard Agustín Olachea con casi 100 trabajadores, y un segundo, en la colonia Galeana, con un número similar de jornaleros hacinados con sus familias en condiciones de vida deplorables

Por ello la dependencia, en el marco del operativo "México con Trabajo Digno", ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social "El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en la que se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral

Además de faltas como Condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, se detectaron 13 menores de edad laborando; así como 167 trabajadores sin registro en el IMSS ni prestaciones de ley

El secretario Navarrete Prida dijo que ante esta situación se decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola y se solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos local para iniciar una investigación en torno a la violación a los derechos de estos 200 jornaleros agrícolas. Adicionalmente se analizaría la posibilidad de indagar otros delitos como trabajo infantil y hasta trata

"En mi opinión, en términos de la experiencia, hay indicios suficientes para determinar que hay una trata de personas, hay explotación infantil. Si alguna persona con su consentimiento o engañada en su consentimiento está siendo hacinada y ya no tiene manera de regresar, porque ni les están pagando, la manera de mantenerlos en el centro de trabajo es decir que, a nivel de préstamo, les dan 200 pesos y les dan comida para mantenerse, y solamente al final del trabajo, podría tipificar una privación ilegal de la libertad",  Finalizó.