Entra en funciones Comisión de Atención a Víctimas

Por David GalvánMéxico.- Con motivo del decreto publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció que a partir de este jueves cuenta con sustento jurídico para su pleno funcionamiento, en el entendido de que este organismo suplirá las labores que venía realizando la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Províctima. La comisionada presidenta de esta instancia descentralizada será María Olga Noriega Sáenz, quien cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestría en Derecho Criminal y Civil por la Universidad La Sapienza, de Roma. Así describió Noriega la misión de este organismo, a un año de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas:"La víctima necesita ser escuchada, la víctima necesita ser atendida, la víctima necesita de mecanismos que le permitan tener políticas públicas que bajen a nivel estatal, a los tres órdenes de gobierno y que se implementen ahí, en las comunidades más alejadas de nuestro país, hasta en la ciudad"

La Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas fue nombrada en octubre de 2013 por el Senado de la República y se compone de siete comisionados, cuatro procedentes de universidades públicas y tres de organizaciones de la sociedad civil. Para cumplir su labor, se destinaron recursos para el presente año por 470 mil millones de pesos, además de lo previsto en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que contempla recursos por 0.014 por ciento del presupuesto federal que serán dirigidos a reparación subsidiaria del Estado en delitos de alto impacto. Así comentó el comisionado Julio Antonio Hernández esta labor: "Para esto se establecen estas garantías de satisfacción y no repetición, que solamente son viables y solamente podremos lograr que la víctima supere esa condición, si se logra que la víctima tenga acceso a la verdad y a la justicia". Cabe señalar que en el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que realizó Naciones Unidas a México, resultó en 188 recomendaciones consideradas de alta prioridad en cuanto a la incidencia de desapariciones forzadas, feminicidios y los pendientes para la implementación efectiva del Mecanismo de Protección a Periodistas y Derechos Humanos